Procesan al exgobernador de Colima y a su exsecretario de Finanzas por presunto desvío de recursos

El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y el exsecretario de Finanzas estatal, Carlos Noriega García, fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de peculado y uso indebido de atribuciones. No obstante, ambos podrán continuar el proceso judicial en libertad mientras se desarrollan las investigaciones.

La decisión fue tomada durante una audiencia encabezada por un juez de control, quien determinó que existen elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra los exfuncionarios por presuntas irregularidades cometidas durante la administración estatal pasada.

La fiscal especializada en Combate a la Corrupción de Colima, Esperanza Ramírez Vela, señaló que esta resolución representa un avance importante en las acciones legales emprendidas por la dependencia.

“Estamos satisfechos porque esto habla de legalidad y de todas las acciones que tenemos que llevar en el proceso para llegar a buenos resultados en esta imputación de delitos”, expresó la fiscal al término de la audiencia.

El juez otorgó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa podrán presentar pruebas, testimonios y argumentos legales relacionados con el caso. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer el monto del presunto daño al erario estatal.

Ramírez Vela informó además que existen otras denuncias en contra de Ignacio Peralta y Carlos Noriega, las cuales continúan bajo investigación y podrían ser judicializadas próximamente. También destacó que este hecho es considerado histórico en Colima, ya que es la primera vez que un exgobernador y un exsecretario estatal enfrentan un proceso penal por presuntos malos manejos de recursos públicos.

Por su parte, Ignacio Peralta defendió su actuación al asegurar que el caso está relacionado con modificaciones presupuestarias realizadas durante su administración, mismas que —afirmó— estaban dentro de las facultades legales que tenía como gobernador.

El exmandatario adelantó que durante los próximos meses trabajará en reunir evidencia técnica y jurídica para demostrar que actuó conforme a la ley y en apego a sus atribuciones constitucionales.