Samuel García presenta documentos y rechaza acusaciones por presunta triangulación de recursos

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó una serie de documentos como parte de su defensa ante los señalamientos relacionados con una presunta triangulación de recursos hacia despachos vinculados con su entorno familiar. El mandatario estatal negó haber incurrido en actos irregulares y aseguró que las acusaciones carecen de sustento legal.

Durante su argumentación, García sostuvo que los recursos señalados en las investigaciones dejaron de tener carácter público una vez que fueron entregados a proveedores por servicios contratados por el gobierno estatal. Bajo esa postura, afirmó que los particulares tienen la facultad de disponer de esos recursos conforme a sus decisiones comerciales.

El gobernador calificó los señalamientos como una acusación sin fundamentos y defendió que no existe una operación irregular en los movimientos financieros cuestionados. “Pagos a mi despacho no son delito”, afirmó al explicar su postura sobre los recursos que llegaron a una firma jurídica relacionada con su familia.

García también argumentó que los contratos celebrados por proveedores del gobierno estatal no implican una transferencia directa de recursos públicos hacia su persona, debido a que las empresas tienen libertad para elegir a sus prestadores de servicios una vez cumplidas sus obligaciones con la administración estatal.

Los señalamientos en contra del mandatario surgieron a partir de acusaciones sobre posibles movimientos financieros entre empresas proveedoras y despachos relacionados con familiares del gobernador. El caso derivó en acciones dentro del Congreso de Nuevo León, donde se aprobó iniciar un procedimiento de juicio político para revisar las denuncias presentadas.

Ante estas acusaciones, Samuel García insistió en que su defensa está respaldada por documentos y argumentos jurídicos, y reiteró que las operaciones señaladas no representan actos de corrupción ni un beneficio indebido.

El proceso continuará en las instancias correspondientes, donde deberán analizarse las pruebas presentadas tanto por los denunciantes como por la defensa del gobernador para determinar si existió alguna responsabilidad administrativa o legal.