SCJN suspende proceso de juicio político contra Samuel García

LaSuprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)suspendió de manera provisional el proceso de juicio político que elCongreso de Nuevo Leónpretendía iniciar en…

SCJN suspende proceso de juicio político contra Samuel García

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de manera provisional el proceso de juicio político que el Congreso de Nuevo León pretendía iniciar en contra del gobernador Samuel García, mientras resuelve el fondo de la controversia constitucional promovida por el mandatario.

Samuel García informó sobre la decisión a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde mostró la notificación emitida por el máximo tribunal.

De acuerdo con la resolución, la SCJN concedió la suspensión para impedir que se ejecute cualquier determinación derivada del juicio político, aunque el procedimiento podrá continuar sin que se dicte una resolución que implique la separación del cargo o la inhabilitación del gobernador.

"Procede conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional", señala la resolución de la Corte.

La notificación establece que la medida permanecerá vigente mientras no exista una resolución definitiva sobre la controversia constitucional presentada por el gobernador.

La SCJN argumentó que la suspensión busca evitar afectar la continuidad del gobierno estatal y prevenir un daño de difícil reparación en caso de que posteriormente se determine que las acciones emprendidas fueron improcedentes.

Previamente, Samuel García promovió un amparo para frenar el proceso impulsado por diputados de oposición, recurso mediante el cual la jueza Tania Virginia Neri Borjas también le concedió una suspensión provisional.

En junio de 2026, el Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador por presuntos actos de corrupción relacionados con una supuesta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con familiares, con montos estimados entre mil y 3 mil millones de pesos.

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