Vinculan a proceso a dos exfuncionarios del Edomex acusados de extorsionar a empresarios de verificentros y gasolineras

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la vinculación a proceso de los funcionarios Raúl “P” y Carlos “S”, señalados por su presunta participación en una red dedicada a extorsionar a propietarios y responsables de verificentros en la entidad.

Ambos enfrentan cargos por extorsión agravada y permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chalco mientras continúa el proceso judicial.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, Raúl “P”, quien se desempeñaba como director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente, y Carlos “S”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, habrían utilizado sus cargos para presionar a los propietarios de los centros de verificación vehicular y exigirles pagos a cambio de permitirles continuar con sus actividades.

Durante el encuentro, presuntamente les comunicó que tendrían que entregar dinero para poder continuar operando, incluso si contaban con todos sus documentos en regla.

“A partir de hoy hay una nueva forma de trabajar y tienen que pagar para seguir operando, aún y cuando cuenten con sus documentos en regla”.

Ante esta advertencia, los responsables de los verificentros habrían realizado pagos que iban de 30 mil a 100 mil pesos, con el objetivo de evitar que se bloqueara el sistema que les permitía emitir hologramas de verificación.

En esta ocasión, el cobro habría sido presentado como un pago “retroactivo” de 162 mil 500 pesos por cada verificentro, bajo el argumento de que los establecimientos habían podido operar durante 2023 “sin ningún problema”.

La Fiscalía sostiene que estas exigencias formaban parte de un esquema mediante el cual los involucrados buscaban obtener recursos de manera sistemática de los propietarios de los centros de verificación.

De acuerdo con la investigación, quienes se negaban a entregar dichas revalidaciones recibían advertencias sobre posibles consecuencias.

Mientras las investigaciones continúan, Raúl “P” y Carlos “S” permanecerán en prisión preventiva justificada. La vinculación a proceso implica que un juez determinó que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal en su contra, sin que esto represente todavía una sentencia definitiva.