Bukele presume respaldo en Haití mientras su modelo de seguridad enfrenta denuncias por abusos a derechos humanos

Puerto Príncipe, Haití, 5 de noviembre de 2026. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca proyectar su estrategia de seguridad más allá de las fronteras de su país. Esta vez, las imágenes de habitantes de Kenscoff, Haití, que reciben entre aplausos y consignas a militares salvadoreños, se han convertido en un escaparate para promover su ofensiva contra las pandillas, aunque el modelo que encabeza continúa bajo cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos.

Videos difundidos en redes sociales muestran a habitantes de esa localidad haitiana gritando «Bukele, Bukele» durante la llegada de efectivos salvadoreños. Las escenas fueron utilizadas para mostrar muestras de respaldo a la presencia militar extranjera y a las operaciones contra los grupos armados que mantienen el control de amplias zonas del territorio haitiano.

El despliegue ocurre después de que cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños desaparecieran durante una emboscada atribuida a pandillas, el pasado 18 de octubre, en las inmediaciones de Puerto Príncipe. Como respuesta, el gobierno de Bukele envió más de dos mil militares a Haití para participar en las operaciones de búsqueda y seguridad.

El mandatario también informó que helicópteros salvadoreños intervinieron para repeler un ataque contra efectivos de Chad que participan en la misión internacional contra las pandillas. El 4 de noviembre, Bukele reiteró su disposición a enfrentar a las organizaciones criminales haitianas y a sus redes de financiamiento y suministro de armas.

Sin embargo, detrás de la imagen de respaldo que el presidente salvadoreño intenta construir en el extranjero permanece una realidad que ha generado críticas dentro y fuera de El Salvador: su política de seguridad está acompañada de un régimen de excepción que lleva más de cuatro años vigente.

Un modelo de seguridad bajo cuestionamiento

Desde marzo de 2022, el gobierno de Bukele mantiene un régimen de excepción que ha permitido detenciones masivas y la suspensión de determinadas garantías constitucionales, bajo el argumento de combatir a las pandillas.

Aunque la estrategia ha estado acompañada de una reducción significativa de los homicidios, organizaciones internacionales han advertido sobre el costo que ha tenido para los derechos fundamentales de la población.

En julio de 2026, Amnistía Internacional publicó el informe «Seguridad sin derechos», en el que documentó patrones de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal. La organización advirtió que estas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El documento también señaló que más de 90 mil personas habían sido detenidas durante el régimen de excepción y que al menos 470 habían muerto bajo custodia del Estado, de acuerdo con los registros considerados en su investigación.

Por su parte, Human Rights Watch ha señalado que la política de seguridad salvadoreña ha estado acompañada de detenciones indiscriminadas, desapariciones forzadas y malos tratos contra personas privadas de la libertad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha expresado preocupación por la prolongación de las medidas extraordinarias. En abril de 2026, el organismo llamó nuevamente al gobierno salvadoreño a poner fin al uso continuado del régimen de excepción como instrumento permanente de su política de seguridad.

La proyección internacional de Bukele

La intervención salvadoreña en Haití representa una nueva oportunidad para que Bukele internacionalice el discurso de mano dura que le ha dado popularidad entre sectores que consideran su estrategia un referente para combatir el crimen organizado.

No obstante, la operación también ha despertado interrogantes sobre sus alcances, la cadena de mando de los efectivos desplegados y las reglas que regulan su actuación.

De acuerdo con reportes de Reuters, alrededor de dos mil militares salvadoreños habían llegado a Haití hacia finales de octubre. La dimensión del despliegue y la falta de claridad sobre su estructura de mando han generado preocupación entre especialistas por los posibles riesgos para la población civil.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha sostenido que la participación extranjera debe respaldar a las instituciones nacionales, no sustituirlas, mientras su gobierno busca recuperar los territorios bajo control de grupos armados.

Así, mientras Bukele utiliza las imágenes de los habitantes que reciben a sus soldados como una muestra de respaldo a su proyecto de seguridad, en El Salvador persisten las exigencias de justicia para las víctimas de abusos cometidos durante el régimen de excepción.

La paradoja es que el mandatario busca presentarse como una figura capaz de recuperar el control de comunidades fuera de su país, mientras su propia política de seguridad sigue enfrentando cuestionamientos por la concentración del poder y el debilitamiento de las garantías individuales.

La democracia no puede reducirse a la capacidad de un gobierno para imponer el orden ni a la popularidad de un dirigente. Tampoco puede convertirse en una bandera que se invoca para justificar la exportación de un modelo de seguridad sin atender sus consecuencias sobre los derechos y las libertades de las personas.