Detienen en Colombia a exjuez mexicano acusado de recibir soborno de 2 millones de dólares para liberar a narcotraficante canadiense

Los Ángeles, California, 5 de noviembre de 2026. Un exjuez federal mexicano fue detenido en Colombia y enfrenta nueve cargos en Estados Unidos por presuntamente recibir un soborno de 2 millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de un narcotraficante canadiense vinculado con una de las organizaciones internacionales de tráfico de cocaína más importantes de Norteamérica.

Se trata de Luis Benítez Alcántara, de 49 años, quien fue arrestado el domingo pasado en territorio colombiano, de acuerdo con un comunicado difundido este jueves por la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que Benítez Alcántara habría utilizado su posición como juez de distrito en la Ciudad de México para favorecer a Andrew Clark, de 36 años, ciudadano canadiense identificado como segundo al mando de la organización criminal encabezada por Ryan James Wedding, un exatleta olímpico de snowboard acusado de dirigir una red transnacional de tráfico de cocaína.

De acuerdo con la acusación, el exjuez habría recibido 2 millones de dólares a cambio de concederle la libertad bajo fianza a Clark y ordenar su salida de prisión, pese a que Estados Unidos había solicitado formalmente su extradición para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico, homicidio e intento de homicidio.

El presunto soborno para liberar al narcotraficante

La investigación estadounidense establece que Andrew Clark fue detenido en México en octubre de 2024, luego de que las autoridades de ese país ejecutaran acciones relacionadas con los cargos que enfrenta en Estados Unidos.

Tras su arresto, Clark compareció ante Benítez Alcántara, quien en ese momento se desempeñaba como juez de distrito y tenía bajo su responsabilidad los procedimientos relacionados con su extradición.

En noviembre de ese año, el gobierno estadounidense presentó formalmente la solicitud para trasladar al ciudadano canadiense y procesarlo en ese país.

Sin embargo, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark habría transferido aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y en cantidades pequeñas, con el objetivo de conseguir su liberación de la custodia mexicana.

La acusación sostiene que, durante ese periodo, negoció el pago de aproximadamente 2 millones de dólares para que el entonces juez emitiera una resolución favorable.

El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que Benítez Alcántara habría recibido la totalidad del soborno, concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su excarcelación.

Días después, el ciudadano canadiense fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde permanece sujeto al proceso penal correspondiente.

El vínculo con Ryan Wedding y una red internacional de cocaína

El caso tiene como antecedente la organización criminal presuntamente encabezada por Ryan James Wedding, de 44 años, un exatleta olímpico canadiense de snowboard señalado por las autoridades estadounidenses como responsable de una red transnacional de tráfico de cocaína con operaciones en Colombia, México y Estados Unidos. Andrew Clark, quien habría sido uno de sus principales colaboradores y segundo al mando de la estructura, fue detenido en México en octubre de 2024 y posteriormente obtuvo su libertad mediante la resolución judicial que hoy es objeto de investigación.

Wedding, quien llegó a formar parte de la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, fue detenido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal. Enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, homicidio e intento de homicidio, y tiene programados dos juicios para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027.

Benítez Alcántara también intervino en el caso Grupo Herdez

Otro de los antecedentes judiciales de Luis Benítez Alcántara en México es su intervención en el proceso penal contra la abogada laboralista Irene León Escamilla, relacionado con una denuncia presentada por Grupo Herdez por un presunto fraude procesal derivado de un litigio laboral iniciado en 2007.

León Escamilla fue detenida en octubre de 2024 y vinculada a proceso en diciembre de ese año, con prisión preventiva justificada. La acusación está relacionada con un procedimiento laboral en el que se habría reclamado una indemnización a Grupo Herdez por una supuesta relación de trabajo que, de acuerdo con las investigaciones, no habría existido.

En mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha Alcalde Luján, se desistió de la acción penal contra la abogada al argumentar irregularidades en la investigación y falta de elementos para sostener la acusación. Sin embargo, Grupo Herdez impugnó la decisión y obtuvo una resolución favorable del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que ordenó dejar sin efectos el desistimiento y permitir la continuación del procedimiento.

En ese contexto, Benítez Alcántara, quien intervino como juez federal en el asunto, determinó el 29 de julio que el desistimiento de la Fiscalía capitalina y el sobreseimiento de la causa no podían tener efectos jurídicos, debido a que la autoridad ministerial que tomó esa decisión carecía de competencia. Con ello, se mantuvo vigente la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre Irene León, quien continuó recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

La intervención del juzgador fue cuestionada públicamente por la Fiscalía capitalina, que había señalado irregularidades en la integración de la carpeta y sostenido que el caso podría estar prescrito. El expediente se convirtió en una controversia judicial por las decisiones de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales involucradas.

Estados Unidos solicitará su extradición

En este contexto, el Departamento de Justicia estadounidense acusa a Luis Benítez Alcántara de haber recibido un soborno de 2 millones de dólares para favorecer la liberación de Clark y obstaculizar su proceso de extradición. Por estos hechos, el exjuez enfrenta nueve cargos de encubrimiento posterior al delito (accessory after the fact), que podrían derivar en una pena máxima de 15 años de prisión por cada uno, en caso de ser declarado culpable. Tras su detención en Colombia, Washington anunció que solicitará formalmente su extradición para que sea procesado en territorio estadounidense.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que su gobierno buscará llevar ante la justicia a funcionarios públicos que presuntamente faciliten las operaciones de organizaciones criminales, independientemente del país en el que actúen. En la misma línea, el director del FBI, Kash Patel, destacó que la captura fue resultado de una investigación internacional en la que participaron autoridades de Estados Unidos, Colombia y Canadá.

Las indagatorias estuvieron a cargo del FBI, en coordinación con el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Real Policía Montada de Canadá, además de corporaciones colombianas y otras agencias federales estadounidenses. Finalmente, el Departamento de Justicia recordó que los cargos presentados constituyen acusaciones que deberán acreditarse ante los tribunales y que Benítez Alcántara mantiene la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad.