EU endurece estrategia contra el narco; apunta al CJNG, funcionarios corruptos y eleva presión sobre México

Estados Unidos presentó su nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas para 2026, impulsada por el presidente Donald Trump, en la que se redefine el enfoque frente al narcotráfico con un tono más agresivo y centrado en la seguridad nacional. El documento coloca a México como un punto clave dentro de las rutas de tráfico hacia territorio estadounidense, señalando que amplias zonas y cadenas de suministro de precursores químicos están bajo influencia de organizaciones criminales.

La estrategia inicia con un mensaje directo del mandatario, quien advierte un cambio de postura en la política antidrogas: “los días de presidentes débiles que toleran el asalto químico en contra de Estados Unidos se terminaron”.

El nuevo plan propone una ofensiva integral contra las estructuras completas del crimen organizado. En ese sentido, se plantea no sólo perseguir a los líderes de los cárteles, sino también desarticular sus redes financieras, logísticas y de apoyo, incluyendo a funcionarios corruptos que faciliten sus actividades.

Uno de los apartados más sensibles del documento aborda la lucha contra amenazas criminales transnacionales y organizaciones consideradas terroristas. En este punto se establece que las investigaciones antidrogas servirán para identificar y desmantelar redes complejas en todos sus niveles, desde altos mandos hasta operadores logísticos y actores que brindan protección institucional. Aunque no se mencionan nombres específicos de funcionarios mexicanos, sí se incluye de manera explícita a la corrupción como un componente clave a combatir.

El gobierno estadounidense afirma que deja atrás una estrategia de contención para adoptar una política orientada a obtener una “victoria” frente a estas organizaciones, combinando herramientas de inteligencia, sanciones económicas, procesos judiciales y cooperación internacional. Este enfoque se ve reforzado por medidas legales más estrictas, como la Orden Ejecutiva 14157, que abre la puerta a clasificar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y considerar al fentanilo como un arma de destrucción masiva.

México ocupa un lugar central en esta estrategia, tanto por su posición geográfica como por su papel en la producción y tránsito de drogas sintéticas. El documento destaca que gran parte de los opioides ilícitos, la metanfetamina y la cocaína ingresan a Estados Unidos a través de cruces oficiales, ocultos en vehículos particulares o cargamentos comerciales. También se mencionan métodos alternativos como túneles, drones y rutas en zonas remotas.

En este contexto, el Departamento de Estado, junto con el Departamento de Justicia y el apoyo del aparato de defensa, buscará fortalecer la cooperación con el gobierno mexicano, condicionando la asistencia a resultados concretos como detenciones, procesos judiciales, extradiciones y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

La estrategia se articula en ejes principales. El primero apunta a interrumpir la cadena global de suministro, identificando al fentanilo y la metanfetamina como amenazas prioritarias, producidas a partir de precursores químicos provenientes principalmente de China y, en menor medida, de India. El segundo eje busca reforzar los controles sobre estos insumos, así como sobre equipos y empresas que puedan facilitar su producción y distribución.

El tercer componente se centra en desmantelar la estructura empresarial del crimen organizado mediante fuerzas de tarea que integren diversas agencias y aliados internacionales. El cuarto eje tiene como objetivo debilitar financieramente a estas organizaciones mediante sanciones, decomisos y acciones contra el lavado de dinero, incluyendo redes internacionales vinculadas a la gestión de ganancias ilícitas.

Finalmente, el plan contempla el uso intensivo de tecnología, como inteligencia artificial para detectar patrones en el tráfico de drogas, sistemas de inspección avanzada en puertos de entrada y herramientas de vigilancia como lectores automáticos de placas, complementados con unidades caninas especializadas.

El documento también menciona de forma específica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), destacando una operación en Texas en la que se emplearon herramientas legales vinculadas a la designación de terrorismo para investigar sus actividades. Esta acción incluyó coordinación entre agencias estadounidenses y autoridades mexicanas para desarticular una red involucrada en tráfico de drogas, personas y armas.