¿Por qué el Congreso de Paraguay no aceptó la renuncia de Santiago Peña como presidente y qué supone ahora el juicio político en su contra?

La decisión tiene un trasfondo político y jurídico. Legisladores de oposición defendieron que el procedimiento de juicio político debía continuar, incluso después de que Peña anunciara su dimisión.

Uno de los puntos centrales es que, de abandonar la Presidencia mediante una renuncia, Peña conservaría la condición de senador vitalicio que establece la Constitución paraguaya para los expresidentes, así como los fueros asociados a esa condición.

En cambio, una destitución mediante juicio político implicaría que pierda esos fueros.

Por ello, los legisladores que impulsan el proceso consideran que aceptar la renuncia podría cerrar la vía para exigirle responsabilidades políticas mediante este mecanismo.

La sesión conjunta de diputados y senadores convocada para resolver la dimisión no consiguió el cuórum necesario. Posteriormente, el Senado acordó continuar con el procedimiento de juicio político.

La crisis comenzó con la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera cuyo índice de solvencia cayó por debajo del mínimo exigido por el Banco Central de Paraguay.

La medida generó incertidumbre entre cerca de 2.9 millones de clientes, quienes enfrentaron dificultades para acceder a sus cuentas y ahorros. También puso bajo presión los recursos públicos depositados en la institución, incluidos fondos vinculados al sistema de pensiones.

El caso alcanzó a Peña por sus antiguos vínculos empresariales con Ueno Holding, conglomerado relacionado con la entidad financiera. El mandatario vendió su participación en marzo de 2025.

La acusación presentada por los diputados señala posibles conflictos de interés, cuestiona el nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central, y apunta a la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social en el banco.

Peña ha rechazado haber cometido irregularidades y sostiene que está dispuesto a presentar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.

El procedimiento está establecido en el artículo 225 de la Constitución paraguaya y contempla dos etapas.

Primero, la Cámara de Diputados debe formular la acusación con el respaldo de dos tercios de sus integrantes. El 5 de noviembre, la Cámara aprobó por unanimidad avanzar contra Peña, con 78 votos a favor.

Después, el Senado debe actuar como tribunal y analizar las acusaciones, escuchar la defensa del mandatario y decidir si existen elementos para declararlo culpable. Para aprobar la destitución necesita el voto de dos tercios de sus integrantes: 30 de los 45 senadores.

El 6 de noviembre, el Senado continuaba con el procedimiento. Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, al considerar insuficiente el plazo que se le había concedido.

Por ahora, no existe una resolución definitiva sobre su destitución.

Mientras la disputa política se desarrolla en el Congreso, los reclamos de los afectados por Ueno Bank continúan.

Las manifestaciones en Asunción han reunido a ahorristas y ciudadanos que exigen recuperar sus recursos y esclarecer qué ocurrió con la entidad financiera.

Entre los afectados hay adultos mayores y jubilados que dependen de esos ahorros para cubrir sus necesidades cotidianas.

La crisis también generó polémica por una fotografía de Constanza Peña, hija del mandatario, que circuló en redes sociales. En la imagen aparece en Estados Unidos con una camiseta que lleva la frase «Tax the Poor» (Impuesto a los pobres), lo que provocó críticas por el contraste con la situación económica que atraviesan miles de paraguayos.

Así, la renuncia que pudo abrir una salida inmediata a la crisis terminó convirtiéndose en una disputa institucional cuyo desenlace dependerá de la decisión del Senado.