Advierten riesgos de usar 'atajos' a procesos de extradición

El abogado Marco Antonio Avilés advirtió que la entrega de México a Estados Unidos de presuntos criminales sin proceso de extradición, erosiona la soberanía nacional, porque coloca al País como el ejecutor de una petición extranjera en un marco de cooperación sin reglas.
 
Al dictar la conferencia "Nuevos retos de la administración de justicia. Extinción de la figura de extradición" en la Cámara de Diputados, el especialista en derechos humanos advirtió que esta práctica abre riesgos, porque se trata de una lógica que podría aplicarse o adversarios o a grupos incómodos al régimen.
 
Avilés recordó que, a la fecha, se han reportado tres operativos en los que han sido entregados a Estados Unidos 92 presuntos delincuentes y, en todos los casos, la propia autoridad ha sostenido que no se trata de una extradición, sino de un envío o transferencia de personas sustentado en la Ley de Seguridad Nacional y ordenado por el Consejo de Seguridad Nacional a partir de la solicitud del Gobierno estadounidense.
 
El especialista consideró que estamos ante un patrón de actuación estatal que se presentó como legal y soberano, pero que, visto con rigor constitucional y a partir de tratados internacionales, es un mecanismo para evitar los controles que el derecho de extradición impone.
 
El marco jurídico que rige el intercambio de personas de una jurisdicción a otra, explicó, es la Constitución y la Ley de Extradición Internacional, las cuales establecen que cuando el Estado restringe el derecho de tránsito de una persona debe existir un mandamiento escrito y motivado y hacerlo bajo el escrutinio judicial y no al margen de éste.
 
La Ley de Extradición Internacional y los preceptos constitucionales en la materia, agregó, establecen los procedimientos que se deben seguir para el trámite de resolución de cualquier solicitud y obliga a exigir compromisos concretos al Estado solicitante, como la no imposición de la pena de muerte, haciendo de la extradición una forma de cooperación, pero con reglas.
 
Avilés expuso que si bien puede decirse que estos traslados fueron una medida de seguridad nacional, la ley en esta materia define amenazas, organiza instancias, fija principios y regula inteligencia y comunicaciones, pero no contiene una facultad expresa de entregar, expulsar o trasladar nacionales a un Estado extranjero como mecanismo de cooperación
 
"Cuando México entrega personas a solicitud de un Gobierno extranjero con base en un artículo que sólo define amenazas y lo hace fuera de la causa jurídica creada para esas entregas, lo que se erosiona no es sólo el debido proceso individual, erosiona la soberanía, porque la soberanía no se defiende con frases, se defiende con jurisdicción, con procedimientos y con condiciones", advirtió.
 
 El especialista dijo que sacar del carril de la extradición el traslado internacional de personas privadas de la libertad en términos constitucionales significa que México renuncia total o parcialmente a las condiciones que su propia ley exige y que sustituye el control judicial y la trazabilidad del procedimiento por una decisión administrativa o política de seguridad nacional.
 
(Con información de Agencia Reforma)