Atacan a defensores de migrantes, también en Italia.

La política migratoria de Italia, bajo el gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni desde 2022, alcanzó un nuevo nivel de tensión con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan rescates en el Mediterráneo. A pesar de la ofensiva judicial y de espionaje, el número de llegadas de migrantes por mar a Italia aumentó un 14% en los primeros seis meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, sin que el controvertido centro de deportación en Albania haya tenido un efecto disuasorio.

Las autoridades italianas han recurrido al espionaje de móviles de responsables de ONG, incluyendo un sacerdote. Además, por primera vez, una ONG, Mediterranea Saving Humans, será procesada por favorecer la inmigración irregular, en un caso insólito donde se les acusa de lucrar con el tráfico de personas por aceptar una donación tras un rescate humanitario que, incluso, fue felicitado por la ONU.
Beppe Caccia, coordinador de Mediterranea, sugiere que el espionaje se debe a que están recogiendo pruebas de crímenes cometidos en Libia por aliados del gobierno italiano, en relación con los acuerdos de financiación de milicias libias que devuelven migrantes a centros donde se denuncian torturas.

Las ONG denuncian que las trabas legales del "decreto Piantedosi" son un mecanismo estructurado e institucionalizado para obstruir los rescates. Esta normativa obliga a los barcos a desembarcar a los náufragos en los puertos más lejanos y solo permite un rescate a la vez, haciendo que las misiones sean más largas y costosas. Médicos Sin Fronteras (MSF) reportó que en 2024 rescató a la mitad de personas que el año anterior, y su buque Geo Barents dio una vuelta y media al mundo solo en trayectos impuestos por Italia. Tras una década, MSF decidió abandonar las operaciones en el Mediterráneo en diciembre.

El frente judicial también es crucial, con cientos de migrantes procesados y condenados por el delito de "favorecimiento de la inmigración irregular" solo por pilotar sus embarcaciones, una aplicación de la ley que incluso el Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado. Esta ofensiva genera un debate sobre la eficacia y la ética de las medidas implementadas para contener el flujo migratorio en Italia, en España, en México y en el mundo.