Gobierno de Donald Trump pretende imponer aranceles a productos elaborados con trabajo forzado; la ley estadounidense ya prohíbe esas importaciones

El gobierno de Donald Trump prevé iniciar desde este jueves una amplia investigación comercial que pondrá bajo revisión a decenas de países por sus políticas relacionadas con el comercio de productos elaborados con trabajo forzado.

Esto forma parte de la estrategia de la administración estadounidense para restablecer un sistema global de aranceles, después de que su intento previo fue anulado el mes pasado por la Suprema Corte de Estados Unidos. Ayer, el gobierno anunció otra investigación que podría derivar en nuevos impuestos, centrada en la sobreproducción industrial en 16 de sus principales socios comerciales.

Estados Unidos mantiene desde hace casi un siglo una prohibición a las importaciones de bienes fabricados con trabajo forzado. Entre otras medidas, la normativa prohíbe la entrada de productos provenientes de la región china de Xinjiang, donde se han denunciado reiteradamente estas prácticas, a menos que los importadores demuestren con documentación que los bienes no fueron producidos bajo esas condiciones.

En los acuerdos comerciales que el gobierno de Trump ha negociado en meses recientes con diversos países también se han incluido compromisos para impedir la importación de mercancías vinculadas al trabajo forzado.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la investigación abarcará a alrededor de 60 países y se enfocará principalmente en las leyes que cada uno utiliza para regular el comercio de productos asociados a este tipo de prácticas, más que en sus condiciones internas.

Otras opciones para imponer aranceles contemplan temas como impuestos a servicios digitales, precios de medicamentos y prácticas comerciales consideradas desleales en sectores como el arroz o los productos del mar.

Estos procedimientos se realizan bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, una ley que permite a Estados Unidos imponer aranceles cuando considera que existen prácticas comerciales injustas.

Funcionarios del gobierno aún no han detallado qué tan elevados podrían ser los nuevos gravámenes ni cómo se aplicarían a cada país dentro de las distintas investigaciones.

Tras ese fallo de la Suprema Corte, Trump decretó de inmediato un arancel global del 10 por ciento utilizando otra base legal. También ha advertido que podría elevarlo hasta 15 por ciento, aunque ese aumento todavía no se ha aplicado. El arancel actual, además, tiene carácter temporal y expirará en julio si el Congreso no decide extenderlo.