Justicia de EE. UU. condena a ISR por filtrar datos de migrantes al ICE
Una jueza nacional de Nueva York sentenció que la Agencia Tributaria de Estados Unidos quebrantó la legislación federal al compartir domicilios privados de…
Una jueza nacional de Nueva York sentenció que la Agencia Tributaria de Estados Unidos quebrantó la legislación federal al compartir domicilios privados de aportantes con las autoridades migratorias. La magistrada Colleen Kollar-Kotelly dictaminó que el fisco entregó información de aproximadamente 43,000 casos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin validar previamente los protocolos legales correspondientes.
Este fallo expone una vulneración crítica a la intimidad de miles de personas que cumplen rigurosamente con sus responsabilidades económicas.Muchos trabajadores extranjeros presentan declaraciones anuales utilizando el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) en lugar del seguro social. Realizan este trámite con el anhelo de facilitar una futura regularización de su estatus.
No obstante, el cruce prohibido de registros genera zozobra en una población que debería gozar de anonimato ante otras dependencias gubernamentales. Además de la vía directa, la comunidad indocumentada inyecta capital mediante retenciones salariales, aranceles prediales de sus arrendadores y el consumo diario.
Las cifras del aporte monetario resultan monumentales. Solo hace tres años, este sector tributó 100,000 millones de dólares, percibiendo beneficios mínimos a cambio. Es decir, los inmigrantes pagan más y acceden a menos deducciones que el resto de los ciudadanos. Según investigaciones del Cato Institute, este grupo redujo el déficit presupuestario nacional en casi un 33% entre 1994 y 2023.
El ahorro acumulado en tres décadas asciende a 14.5 billones de dólares, donde el 43% de dicha suma pertenece específicamente a quienes carecen de documentos.A pesar de sostener financieramente a la nación y mitigar los intereses de la deuda pública multimillonaria, estos individuos sufren ahora operativos basados en archivos protegidos. Actualmente, el proceso judicial continúa en etapa de apelación mientras la opinión pública debate la ética del Departamento de Seguridad Nacional.
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