Mineros desaparecidos: la crisis no es interpretación de expertos

El hallazgo e identificación del noveno de los diez mineros desaparecidos en Sinaloa, trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver, confirma uno de los peores desenlaces: nueve de ellos han sido encontrados sin vida. Uno más sigue desaparecido. Este caso, ocurrido tras el secuestro del grupo en enero por un comando armado presuntamente vinculado al crimen organizado, es el reflejo de la crisis de desapariciones que atraviesa el país.

Las investigaciones apuntan a que los mineros fueron confundidos con integrantes de un grupo rival en medio de los conflictos entre organizaciones criminales. Según han declarado las autoridades, el secuestro podría enmarcarse en los enfrentamientos entre Los Chapitos y La Mayiza. El dato es alarmante: en México, desaparecer puede ser resultado de una lógica criminal donde la vida depende de errores, sospechas o territorios en disputa.

Este caso ocurre, además, en un momento de tensión entre el gobierno mexicano y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual ha advertido sobre la gravedad del fenómeno en el país. La reacción oficial ha sido rechazar estos señalamientos. Sin embargo, casos como el de los mineros muestran con claridad el reto que el Estado mexicano tiene ante sí.

Negar o minimizar la crisis de desapariciones tiene consecuencias. Impide reconocer la magnitud del problema, limita la cooperación internacional y reduce las posibilidades de mejorar los mecanismos de búsqueda, investigación y justicia.

A esto se suma otro elemento que complica aún más el caso y sus consecuencias. La empresa afectada es canadiense y, en el contexto de la próxima revisión del T-MEC, la seguridad en zonas productivas podría convertirse en un tema de presión internacional. La violencia no sólo impacta a las víctimas, sino también a la confianza económica del país.