Nueva ley de infraestructura: una apuesta urgente y riesgos conocidos

El Congreso de la Unión aprobó la promulgación de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, una iniciativa que busca impulsar proyectos en sectores clave como energía, transporte, agua y salud mediante esquemas de inversión mixta entre el Estado y el sector privado.

En términos generales, la ley plantea crear un marco normativo que permita coordinar recursos públicos y privados, establecer mecanismos de coinversión, financiamiento y garantías, y fortalecer la planeación y evaluación de proyectos estratégicos. También contempla la creación de órganos de decisión, como un consejo de planeación, y el uso de vehículos financieros específicos para ejecutar obras prioritarias.

La pertinencia de la propuesta es clara. México enfrenta un rezago importante en infraestructura y bajos niveles de crecimiento económico, por lo que detonar inversión en este sector es una vía lógica para dinamizar la economía. Además, abrir la puerta a la participación privada puede ayudar a compensar las limitaciones presupuestarias del Estado.

Sin embargo, los retos son igualmente evidentes. En primer lugar, la iniciativa llega en un contexto de incertidumbre para la inversión privada, marcada por tensiones regulatorias y cambios en reglas del juego en años recientes. Uno de los mayores retos al respecto es la reforma judicial, que ha dado pie a importantes afectaciones a la certeza jurídica. Sin confianza, el capital difícilmente llegará, sin importar el marco legal.

En segundo lugar, la ley apuesta por mecanismos complejos de coordinación institucional. La experiencia muestra que la ejecución —más que el diseño— es el principal cuello de botella en México. Sin capacidades técnicas sólidas y transparencia, existe el riesgo de que los proyectos se retrasen, encarezcan o no generen los beneficios esperados, como ha sucedido durante décadas.

Uno de los elementos preocupantes de la reforma es que se podrán usar los recursos de los trabajadores depositados en las afores para financiar proyectos.

Finalmente, queda abierta la pregunta sobre la calidad de la inversión. Priorizar proyectos con impacto real, evitar decisiones arbitrarias y garantizar rendición de cuentas será clave.