Agencia Reforma
El reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, sobre el ejercicio fiscal de 2024 reveló irregularidades por 5,161 millones de pesos que aún están sin justificar. La cifra incluye gastos de todos los poderes del Estado y los gobiernos locales.
El estado de Veracruz —entonces bajo la administración del morenista Cuitláhuac García— presenta el mayor quebranto, siendo responsable por 20% del total de las irregularidades detectadas por la Auditoría. Éstas suman 1,078 millones de pesos en anomalías sólo en el sector salud. 730 millones de pesos corresponden a presuntos desvíos en el programa de medicamentos gratuitos, donde la Auditoría no halló pruebas de que los bienes fueran entregados a los beneficiarios.
Después de Veracruz, los estados con mayores irregularidades en el manejo del gasto público fueron Hidalgo, con 583 millones de pesos observados bajo la gestión del morenista Julio Menchaca. Chiapas, con 472 millones, correspondientes al último año del también morenista Rutilio Escandón, hoy cónsul en Miami. Durango, con 390 millones, gobernado por el priista Esteban Villegas.
Las instituciones señaladas aún tienen 180 días para aclarar las observaciones, por lo que habrá que estar atentos a la información que puedan aportar.
Es imperativo que las autoridades correspondientes —federales y estatales— actúen con transparencia, abran investigaciones, establezcan responsabilidades y aseguren que los recursos públicos se empleen para lo que fueron aprobados.
Estos hallazgos de la Auditoría no son solo números, sino un síntoma de cómo funciona el ejercicio del gasto público. Son también un recordatorio de la importancia de exigir transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de combate a la corrupción. La falta de comprobantes para justificar la entrega de miles de millones de pesos, especialmente en un rubro tan sensible como la salud y la entrega de medicamentos gratuitos, atenta contra derechos y mina la confianza pública en los procesos democráticos.
