Abrir la tragedia de la desaparición de personas al escrutinio internacional

El reciente anuncio de activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas marca un momento crítico para la defensa de los derechos humanos en México. Este procedimiento permite que cuando exista información “bien fundada” sobre desapariciones forzadas que ocurren de forma “generalizada o sistemática” en un Estado parte, se solicite la información pertinente al Estado y que el asunto se lleve ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El día de ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un sucinto comunicado en el que declara que “las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) carecen de sustento y no son admisibles”. No aporta, sin embargo, ningún argumento que explique por qué la activación de este recurso sería improcedente. 

Además del Comité en cuestión de la ONU, hay otras organizaciones que han aportado elementos que respaldan la urgencia de que este procedimiento se lleve a cabo en México. Amnistía Internacional preparó un reporte a propósito de las intenciones del Comité para examinar el caso mexicano. La organización estimó que existen “razones suficientes” para aceptar este examen: la escala del fenómeno, la persistente impunidad, la falta de investigación efectiva y la grave inseguridad que enfrentan las familias de personas desaparecidas. Todos estos factores configuran un contexto que amerita el escrutinio internacional. 

Aun así, el gobierno mexicano ha rechazado la activación de este mecanismo, argumentando que las desapariciones se explican principalmente por las actividades del crimen organizado. Sin embargo, dicha postura no encuentra sustento sólido ante los datos: miles de casos sin resolver y casos que han documentado la participación de instituciones del Estado en la desaparición de personas. 

En este contexto, lo que “carece de sustento” es la negativa del gobierno de México a abrir las puertas para que los organismos internacionales especializados analicen la tragedia de las desapariciones en el país. Ésta es, por el contrario, una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas, mejorar las investigaciones, acelerar la búsqueda de personas y, sobre todo, acercar justicia a las víctimas.