La madrugada del 22 de diciembre de 2025, una planta recicladora de plástico en la colonia 12 de Diciembre, al oriente de Uruapan, Michoacán, fue consumida por un incendio de grandes proporciones. Bomberos voluntarios y cuerpos de emergencia trabajaron más de tres horas para controlar las llamas. Hasta el momento no se reportan víctimas, aunque los daños materiales son severos.
Información preliminar señala que el fuego se inició tras un ataque con bombas molotov por parte de un grupo armado. Este incidente ocurre en el contexto de violencia persistente en Michoacán, donde operan varios cárteles que han mostrado su capacidad de infligir daño no sólo a autoridades y fuerzas de seguridad, sino también a la ciudadanía, bienes materiales e infraestructura.
Este ataque podría ser, como ha circulado en redes sociales, un hecho dirigido a los dueños de la recicladora para exigir el cobro de piso. Pero también podría ser una reacción de grupos criminales ante la mayor presencia de fuerzas de seguridad.
El episodio pone de manifiesto un desafío claro para el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la estrategia anunciada por la presidencia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, para combatir extorsión, homicidios y otros delitos de alto impacto en la entidad.
Este caso plantea la pregunta sobre un posible patrón de uso de violencia pública dirigida contra la población y la economía local como forma de confrontar al Estado. Esta hipótesis adquiere mayor relevancia puesto que este caso se suma al de explosión de un coche bomba en Coahuayana, que dejó al menos cinco personas muertas. También pueden contarse aquí los bloqueos que los criminales han hecho en diferentes puntos del estado.
El incendio en Uruapan es una señal de que las herramientas del Estado deben estar acompañadas de una estrategia de investigación e inteligencia, prevención de ataques como el del incendio y respuesta rápida. Sin estos elementos, el Plan Michoacán estará incompleto y puede abrir un nuevo frente de riesgo para la ciudadanía.