El anuncio del fin de la huelga en la mina de Cananea, en Sonora, cierra uno de los conflictos laborales más largos y simbólicos del país. Tras más de 18 años de paro, trabajadores, empresa y autoridades lograron un acuerdo que pone fin a una disputa que se había convertido en emblema de la confrontación entre capital, sindicatos y Estado.
La mina de Cananea es un referente histórico del movimiento obrero mexicano desde 1906 y, en el siglo XXI, se volvió un recordatorio de lo costoso que puede ser dejar sin solución conflictos laborales complejos. Durante años, la huelga significó pérdida de empleos, deterioro económico regional, litigios interminables y un ambiente de incertidumbre tanto para los trabajadores como para la inversión.
El acuerdo alcanzado es importante por varias razones. En primer lugar, ofrece una salida negociada a un conflicto que afectó a más de seiscientas familias. Segundo, muestra que la voluntad política puede destrabar disputas enquistadas y facilitar las negociaciones entre las partes. Durante el sexenio de AMLO, la difícil relación del gobierno con Grupo México, propietario de la mina, dificultó que se avanzara en este conflicto. La administración de Claudia Sheinbaum, por el contrario, logró sentar a la mesa a todas las partes y llegar un acuerdo. Según parece, el papel de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, fue fundamental para ello, con lo que confirma sus capacidades como hábil operadora política. En tercer lugar, el fin de la huelga dinamiza la economía de la región.
El cierre de la huelga no borra las lecciones. El caso Cananea exhibe las debilidades del sistema de justicia laboral, la lentitud de los procesos y la falta de mecanismos eficaces para prevenir que los conflictos escalen y se prolonguen por décadas. También recuerda la importancia de que los derechos de los trabajadores estén protegidos de manera permanente y que el Estado mantenga una vigilancia efectiva para garantizarlo.