Agencia Reforma
Un contrato por 993.9 millones de pesos otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a una empresa vinculada a los hermanos del diputado federal morenista Ricardo Crespo Arroyo encendió una nueva polémica sobre posibles conflictos de interés y prácticas que recuerdan a viejas formas de influencias en la política mexicana.
El contrato fue adjudicado a Agicresa, propiedad de Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, para construir mil ochocientas ocho “Viviendas del Bienestar” en el municipio de Zempoala, Hidalgo, como parte de un proyecto federal. Su valor total y el hecho de que la empresa beneficiada esté integrada por familiares directos del diputado generó críticas sobre la transparencia y la ética en la asignación de recursos públicos.
El propio diputado Ricardo Crespo Arroyo ha defendido la legalidad del proceso. Asegura que no hubo conflicto de interés porque él no es accionista, ni representante legal ni apoderado de la empresa beneficiada, y que la adjudicación fue resultado de la licitación pública del Infonavit, sin su intervención personal. También afirmó que sus hermanos tienen derecho a participar en contratos públicos como cualquier otro empresario.
Ante la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar el contrato y analizar si existe un conflicto de interés, advirtiendo que, de comprobarse irregularidades, la adjudicación podría suspenderse. Su postura pone en el centro la necesidad de claridad en el uso de recursos del Estado y la confianza pública en las instituciones.
La investigación necesaria para esclarecer este caso implica más que declaraciones públicas y una rueda de prensa. Corresponde a instancias como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y, si procede, la Fiscalía General de la República revisar documentación, procesos de licitación y posibles ventajas indebidas para familiares de un legislador. Evaluar si hubo tráfico de influencias o uso de información privilegiada es fundamental para determinar si hubo violaciones legales o éticas.
Este episodio es especialmente inquietante porque la Cuarta Transformación se construyó como un movimiento político opuesto a la corrupción y al influyentismo. Que surjan casos de contratos millonarios vinculados a familiares de políticos pone a prueba esa narrativa y obliga a las autoridades a actuar con transparencia y rigor para no erosionar aún más la confianza ciudadana.
