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IG: Adán Augusto López Hernández
Diversos medios han destacado en los últimos días información que implica al morenista Adán Augusto López en desvío de recursos, favoritismo y hasta posible peculado.
La semana pasada fue EL CEO, el medio que señaló que familiares suyos, su concuño particularmente, se volvieron accionistas de empresas a las que ha ido favoreciendo desde los encargos públicos que ha encabezado, llámese Gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación y, más recientemente, senador de la República.
Se trata de Manuel Alberto Pinto Castellanos, que tiene entre sus empresas a Constructora Napoleón S. A. de C. V., que recibió más de 85 millones de pesos para edificar obra pública en Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto; R. B. Tec. México, S. A. de C. V., que en marzo de 2023 ya con López Hernández en Gobernación, obtuvo un contrato por hasta 160 millones de pesos para ofrecer “seguridad integral” a los inmuebles de esa institución; y Doma Camps y Doma Financia, a su vez, propiedad de Miguel Solís, dueño de Operadora Turística Rabatte, empresa que Adán Augusto negó conocer pero que pagó al morenista más de 11 millones de pesos por sus “servicios profesionales” de asesoría para un fideicomiso.
A ese reportaje, se suman los que este lunes presentan en sus portadas El Universal, El País, Mexicanos Contra la Corrupción y hasta Sin Embargo.
El Universal, por ejemplo, habla de cinco notarías de Tabasco, encabezadas por Adán Augusto y cuatro de sus colegas más cercanos (Ramón Oropeza Lutzow, Jaime Humberto Lastra Bastar, Gonzalo Oyosa Zapata y Manuel Alejandro Cachón) que certificaron cambios de accionistas y apoderados legales de al menos 10 compañías que lograron contratos por 11 mil millones de pesos con el Gobierno federal y de Tabasco para construir carreteras, infraestructura en Dos Bocas e incluso una empresa a la que la Secretaría de Energía le dio permiso de importar hidrocarburos pero que fue inhabilitada por el SAT por presunto huachicol fiscal.
El País, destaca que durante su tiempo como Gobernador de Tabasco, López Hernández dio contratos por 592 millones de pesos a una red de compañías que habían usado durante más de una década los servicios de su notaría y la de su hermano Melchor López.
En especial, menciona a Constructora Santandreu, propiedad de su amigo de juventud y cliente Manuel Santandreu, y empresas relacionadas con él, quienes recibieron un total de 477 millones de pesos en cinco licitaciones públicas diferentes.
Otras, que tenían años sin contratos gubernamentales locales llegaron incluso a ser contratistas para obras a nivel federal, como Gravera Río Puxcatán, de Humberto Bermúdez Requena, que pasó de ser un proveedor estatal a obtener, entre 2021 y 2025, contratos por
más de 46 millones de pesos con Pemex, y hasta de 16 millones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, documentó que en las notarías de los López Hernández se constituyeron 13 empresas “fantasma”, varias vinculadas con desvíos de recursos públicos de Pemex por 464 millones de pesos.
CCTI y Surface Technology están señalados por la Auditoría Superior de la Federación de haber recibido 270 millones de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto por servicios no comprobados.
“Notaría 13, de Melchor López, constituyó E&P Solutions que recibió otros 194 millones en subcontratos de Pemex bajo el esquema de la Estafa Maestra”, señala el organismo.
Además, advierten que en sus notarías se crearon otras 13 sociedades mercantiles que el SAT incluyo en su lista definitiva como empresas fantasma, usadas para evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos públicos.
Una de ellas es Grupo Consultor de Tabasco, cuya constitución fue atestiguada por el propio Adán Augusto.
Y otro medio que hoy remató con evidencia contra el tabasqueño fue Sin Embargo, que publicó que el coordinador de Morena en el Senado, es copropietario del edificio de oficinas más alto y lujoso de todo Tabasco y del Sureste de México, la Torre Empresarial Villahermosa, que perteneció al político priista Carlos Hank González y al banquero salinista Carlos Cabal.
