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México asumirá costos millonarios y compromisos amplios en favor de la FIFA en la organización del Mundial de Futbol 2026, mientras que el organismo internacional y grandes corporaciones obtienen beneficios y exenciones fiscales considerables. La periodista Peniley Ramírez del diario Reforma reveló que tuvo acceso a 12 documentos confidenciales, incluidos convenios firmados en 2022 por autoridades de Ciudad de México y Monterrey, memorandos y planes estratégicos actualizados en 2025, que detallan estas obligaciones del Estado mexicano hacia la FIFA y sus asociados.
Según la investigación, los acuerdos establecen que México financiará una serie de servicios operativos y logísticos esenciales, como canchas de entrenamiento para los equipos, el hospedaje de jugadores, cuerpos técnicos, familiares y allegados, la señalización, transporte y otros rubros relacionados con la competencia. Estos documentos muestran que, en muchos de estos gastos, solo una parte es cubierto por la FIFA, dejando al gobierno mexicano la carga mayoritaria del financiamiento operativo.
Además, los convenios otorgan exenciones fiscales totales a la FIFA y a categorías amplias de participantes, liberándolos del pago de impuestos como ISR e IVA por las actividades vinculadas al torneo. Incluso se menciona que estas exenciones se extenderían a lo que los documentos denominan “clientes FIFA”, una figura ambigua que podría abarcar a terceros privados cuyo alcance exacto no está claramente definido.
Otro punto crítico es que los contratos incluyen cláusulas que limitan la capacidad de México para litigar en tribunales nacionales, obligando a dirimir controversias en ámbitos internacionales y renunciando a la inmunidad estatal, lo que abre la posibilidad de embargos de bienes del país en el extranjero. Asimismo, las autoridades mexicanas estarían obligadas a garantizar servicios como transporte público gratuito para asistentes en días de partido y a financiar lo que se describe como “limpieza social” alrededor de estadios para asegurar la exclusividad comercial de la FIFA.
La publicación de estos documentos ha generado debate sobre el impacto fiscal y la transparencia de los compromisos asumidos por México, así como sobre si los beneficios económicos y de imagen del Mundial compensarán los costos asumidos por el erario público en el proceso.
Según la investigación, los acuerdos establecen que México financiará una serie de servicios operativos y logísticos esenciales, como canchas de entrenamiento para los equipos, el hospedaje de jugadores, cuerpos técnicos, familiares y allegados, la señalización, transporte y otros rubros relacionados con la competencia. Estos documentos muestran que, en muchos de estos gastos, solo una parte es cubierto por la FIFA, dejando al gobierno mexicano la carga mayoritaria del financiamiento operativo.
Además, los convenios otorgan exenciones fiscales totales a la FIFA y a categorías amplias de participantes, liberándolos del pago de impuestos como ISR e IVA por las actividades vinculadas al torneo. Incluso se menciona que estas exenciones se extenderían a lo que los documentos denominan “clientes FIFA”, una figura ambigua que podría abarcar a terceros privados cuyo alcance exacto no está claramente definido.
Otro punto crítico es que los contratos incluyen cláusulas que limitan la capacidad de México para litigar en tribunales nacionales, obligando a dirimir controversias en ámbitos internacionales y renunciando a la inmunidad estatal, lo que abre la posibilidad de embargos de bienes del país en el extranjero. Asimismo, las autoridades mexicanas estarían obligadas a garantizar servicios como transporte público gratuito para asistentes en días de partido y a financiar lo que se describe como “limpieza social” alrededor de estadios para asegurar la exclusividad comercial de la FIFA.
La publicación de estos documentos ha generado debate sobre el impacto fiscal y la transparencia de los compromisos asumidos por México, así como sobre si los beneficios económicos y de imagen del Mundial compensarán los costos asumidos por el erario público en el proceso.
