Reforma
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una facción del Cártel de Sinaloa que opera en Baja California. Entre los señalados se encuentra Hilda Araceli Brown, actual diputada federal de Morena y dos veces exalcaldesa de Playas de Rosarito. La legisladora, de 54 años, fue acusada de proteger a la facción de "la Mayiza" del Cártel. La política se defendió, asegurando ser objeto de una "infamia".
Este señalamiento internacional puso la lupa sobre el historial de Brown, quien promovió el voto por Andrés Manuel López Obrador hace 20 años. Uno de los episodios más relevantes de su administración ocurrió cuando se opuso al servicio de taxis de aplicación en Rosarito. La prohibición de Uber esgrimida por la diputada habría favorecido a Transporte Urbano y Suburbano, una empresa propiedad de Candelario Ácega, alias "el Cande". Ácega, contratista del gobierno de Rosarito, es señalado por corrupción política, lavado de dinero y proteger las actividades de los hermanos René y Alfonso Arzate García, presuntos miembros de la Mayiza.
Otro sancionado es Jesús González Lomelí, exregidor del PAN y amigo de la diputada. Él posee bares y restaurantes como el Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, supuestamente utilizados para blanquear millones de dólares. Los ex policías Mario Alberto y Carlos Omar Herrera Sánchez también aparecen en esta red, acusados de actuar en nombre del Cártel.
Ante la gravedad de los hechos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que analizará la información financiera de las siete personas físicas y 15 empresas designadas. La investigación de la UIF busca identificar posibles actividades ilícitas ligadas a la legisladora y otros implicados.
