La degradación de los derechos humanos en México

Human Rights Watch documenta en su Informe Mundial 2026 un panorama en el que persisten problemas estructurales y, en varios casos, registra un deterioro institucional que debilita la protección efectiva de las libertades fundamentales.

El reporte señala que México mantiene niveles extremadamente altos de violencia criminal. La tasa de homicidios se ubicó en más de 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más elevadas del mundo, mientras que miles de personas continúan desapareciendo cada año, con un registro acumulado que supera las 130 mil víctimas. A ello se suma que la impunidad sigue siendo la norma. Las fiscalías resuelven aproximadamente uno de cada diez homicidios investigados, en muchos casos con deficiencias en las pruebas o mediante prácticas ilegales como la tortura.

El informe también advierte sobre cambios institucionales que podrían profundizar la crisis. Entre ellas, destaca la reforma judicial que obliga a elegir jueces mediante voto popular, una medida que, según el organismo, amenaza la independencia del poder judicial sin resolver los obstáculos reales para acceder a la justicia. Paralelamente, se han ampliado figuras como la prisión preventiva oficiosa, pese a que tribunales internacionales han señalado que vulnera estándares de derechos humanos.

Otro foco de preocupación es el creciente papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y civiles. Organizaciones civiles han documentado ejecuciones extrajudiciales y denuncias de abusos, mientras el Ejército mantiene reservas para entregar información en investigaciones como el caso Ayotzinapa.

La situación se agrava con el debilitamiento de los mecanismos de transparencia. La desaparición del INAI ha reducido la capacidad ciudadana para exigir rendición de cuentas.

Entre las conclusiones más importantes para México, puede observarse que la situación de los derechos humanos en el país ha empeorado en los últimos años, a pesar de la crisis previa. Además, y de manera muy importante, se registran modificaciones legales e institucionales recientes que dificultan su defensa.