La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que sanciona hasta con 25 años de cárcel dicho ilícito.
El dictamen aprobado con 25 votos a favor y tres abstenciones de la bancada del PRI será votado por el pleno el próximo miércoles.
La propuesta del Ejecutivo federal modifica también el Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Impone una pena de seis a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sanciones que incrementarán de acuerdo con 34 agravantes divididas en tres categorías organizadas conforme la gravedad de la afectación.
Plantea que la extorsión se investigará y se perseguirá de oficio, y quienes sean sentenciados por este delito no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con la justicia.
Además, establece medidas específicas y de carácter obligatorio dirigidas a las autoridades penitenciarias federales y estatales, como garantizar que las personas sentenciadas por el delito de extorsión no tengan acceso a medios digitales o electrónicos y que implementen tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas de telefonía celular dentro de su perímetro.
El panista Damián Retes advirtió que las penas de prisión planteadas por la propuesta son menores a las que se establecen en entidades como la suya, Baja California, lo que podría resultar en un beneficio para quienes cometen extorsión.
Detalló que la sanción propuesta por la iniciativa presidencial es de entre seis y 15 años, cuando en su Estado, la sanción mínima es de siete años, de ahí que la modificación implicaría una reducción de la pena.
"¿Lo que quiere la Presidenta es entonces bajar la sanción a nivel nacional? Porque me parece que es para arriba, no para abajo. En Baja California les vamos a decir que la sanción se va a disminuir, ¿ese es el mensaje?", planteó.
Retes advirtió que de nada servirá una buena ley general para combatir la extorsión si no se le asigna presupuesto.
"¿Estamos hablando de crear centros adscritos a la Secretaría de Seguridad cuando le quitamos 10 mil millones de pesos a la Secretaría de Seguridad? Tenemos que arreglar esto, tenemos que ajustarlo, porque si no, corremos el riesgo de que esta ley quede como letra muerta", afirmó.
(Agencia Reforma)
El dictamen aprobado con 25 votos a favor y tres abstenciones de la bancada del PRI será votado por el pleno el próximo miércoles.
La propuesta del Ejecutivo federal modifica también el Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Impone una pena de seis a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sanciones que incrementarán de acuerdo con 34 agravantes divididas en tres categorías organizadas conforme la gravedad de la afectación.
Plantea que la extorsión se investigará y se perseguirá de oficio, y quienes sean sentenciados por este delito no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con la justicia.
Además, establece medidas específicas y de carácter obligatorio dirigidas a las autoridades penitenciarias federales y estatales, como garantizar que las personas sentenciadas por el delito de extorsión no tengan acceso a medios digitales o electrónicos y que implementen tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas de telefonía celular dentro de su perímetro.
El panista Damián Retes advirtió que las penas de prisión planteadas por la propuesta son menores a las que se establecen en entidades como la suya, Baja California, lo que podría resultar en un beneficio para quienes cometen extorsión.
Detalló que la sanción propuesta por la iniciativa presidencial es de entre seis y 15 años, cuando en su Estado, la sanción mínima es de siete años, de ahí que la modificación implicaría una reducción de la pena.
"¿Lo que quiere la Presidenta es entonces bajar la sanción a nivel nacional? Porque me parece que es para arriba, no para abajo. En Baja California les vamos a decir que la sanción se va a disminuir, ¿ese es el mensaje?", planteó.
Retes advirtió que de nada servirá una buena ley general para combatir la extorsión si no se le asigna presupuesto.
"¿Estamos hablando de crear centros adscritos a la Secretaría de Seguridad cuando le quitamos 10 mil millones de pesos a la Secretaría de Seguridad? Tenemos que arreglar esto, tenemos que ajustarlo, porque si no, corremos el riesgo de que esta ley quede como letra muerta", afirmó.
(Agencia Reforma)
