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El Senado mexicano aprobó la modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta reforma faculta a los consumidores a cancelar fácilmente cualquier membresía o servicio con cargo recurrente automático. La medida legislativa responde al auge de los servicios digitales y a la necesidad de proteger los derechos de los usuarios.
La nueva normativa exige la máxima transparencia a los proveedores. Las empresas ahora deben informar de manera visible y clara si el servicio implica cobros automáticos, cuál es el monto exacto, con qué frecuencia se realizará el débito y la fecha precisa en que se aplicará.
Además de la claridad inicial, los prestadores de servicios deberán notificar a los clientes con al menos cinco días de antelación cualquier renovación que sea automática.
Lo más importante para el usuario es que la ley obliga a las empresas a garantizar mecanismos sencillos, rápidos y gratuitos para que la cancelación de los servicios pueda realizarse de manera inmediata. Esta acción busca dar certeza a los ciudadanos frente a plataformas que históricamente han dificultado dar de baja sus servicios.
