La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una nueva propuesta de reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. En ella se contempla una reducción gradual que, aunque ha generado quejas, busca evitar un impacto fuerte para las empresas ante un panorama económico de incertidumbre y casi nulo crecimiento.
Sin embargo, la mayor problemática es, ¿podemos hablar de mejoras laborales reales cuando más de la mitad de la población ocupada está en la informalidad, donde no puede acceder a ellas? Si bien la Cuarta Transformación ha buscado formalizar a ciertos sectores de la población económica, como las trabajadoras domésticas y los repartidores y choferes de aplicación, la realidad es que se está haciendo poco trabajo de fondo para incrementar de manera general la formalidad laboral.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la informalidad cumple su tercer trimestre a la alza, así como un incremento de 1.6 puntos porcentuales en comparación mensual con octubre del año pasado, cerrando en 55.7% de la población ocupada siendo informal.
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Esto no sólo afecta a los trabajadores informales, que sufren precarización y carecen de seguridad social que los protege ante temas de incapacidades temporales o permanentes, sino que también daña las finanzas públicas al dejar de recaudar impuestos. Sin embargo, también, al ser un nivel tan alto, invariablemente daña otro indicador que es clave para el crecimiento económico y hacer sostenible el otorgar mejores condiciones, sueldos y prestaciones laborales, así como incrementar la formalidad: la productividad.
De acuerdo a la Medición de Informalidad del INEGI, en 2023 (dato más reciente) la informalidad generó el 24.8% del PIB. Si retomamos los datos anteriores, eso quiere decir que México requiere a más de la mitad de su población ocupada para generar apenas una cuarta parte del Producto Interno Bruto.
Esto habla de que trabajadores informales por su cuenta y negocios informales son muy improductivos. En particular, en el caso de los negocios informales, nos deja ver que muchos de ellos sobreviven, precisamente, por poder evitarse los costos asociados a la formalidad, como rentas, servicios, nóminas o impuestos, ya que su producción es tan baja que no podrían costearlo.
A su vez, esta realidad impacta en las empresas que más emplean mexicanos: las micro. Éstas empresas emplean al 41.5% del personal ocupado y también tienen una productividad baja. Así, no pueden competir contra empresas grandes, pero tampoco pueden competir por precio en el sector de menor valor agregado contra las informales, que tienen muchos menos costos. Por eso mismo, son las que mayor porcentaje de reciente creación tienen entre todos los tamaños de empresas, con un 23% teniendo menos de 2 años desde que iniciaron.
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Entonces el dilema es claro: buscamos mejores condiciones laborales, pero no estamos generando las condiciones para que eso suceda. Sin crecimiento económico y teniendo gran parte de las unidades económicas y trabajadores del país en actividades que son muy poco productivas desde el punto de vista económico, no es sostenible tenerlas por decreto. El gran ejemplo es que, por más que mejoremos las condiciones laborales en el papel, más de la mitad de la gente no puede tener acceso a ellas. Por ello, es elemental acompañar las legislaciones de políticas públicas que atiendan las múltiples causas de esta precariedad o, si no, tener lo mínimo que indica la ley seguirá siendo un privilegio al que sólo la minoría puede acceder.
Hablar de reducción de jornada laboral es elemental, pero también lo es hablar de reducir la informalidad, y esa conversación no se está teniendo.
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