Agencia Reforma
El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido a finales de diciembre volvió a poner bajo escrutinio uno de los proyectos emblemáticos de la 4T. La Fiscalía General de la República sostuvo en su dictamen inicial que no existían fallas en la infraestructura ferroviaria y que la causa del accidente fue exclusivamente el exceso de velocidad de los operadores.
Sin embargo, la información contenida en la orden de aprehensión contra el personal ferroviario —revelada por El País— sugiere un panorama más complejo. De acuerdo con ese documento, entre marzo y diciembre de 2025 se realizaron al menos 18 inspecciones técnicas que advertían un alto desgaste en las “cejas” de los rieles, es decir, la parte interna que guía las ruedas del tren.
Además, los vagones involucrados en el accidente fueron fabricados en la década de 1980, lo que plantea dudas razonables sobre su compatibilidad con una vía modernizada a medias.
Las periciales también señalan que el punto exacto del descarrilamiento coincide con un cambio abrupto entre durmientes de madera y de concreto. Académicos de la Universidad Iberoamericana explicaron recientemente que este tipo de transición requiere soluciones técnicas específicas, ya que implica pasar de una masa y rigidez a otra en muy pocos centímetros. Sin esas medidas, advirtieron, la vía queda “comprometida”.
A esto se suma un dato grave: ni el conductor ni el maquinista contaban con licencia de operación vigente. Reducir todo el accidente a una falla humana resulta, cuando menos, insuficiente. La operación temeraria pudo existir, pero ocurrió en un entorno de posibles fallas de infraestructura. Por eso, la pregunta central es por qué se permitió operar un tren en esas condiciones. Partidos de oposición y distintos actores han exigido una investigación independiente.
La presidenta Sheinbaum y Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, dieron a conocer que una empresa independiente llevará a cabo una evaluación de los hechos. El reto será que la evaluación se lleve a cabo en auténtica independencia y que no se contrate a una compañía que simplemente confirme la hipótesis gubernamental.
La investigación paralela de una figura como una comisión legislativa especial podría ayudar a la legitimidad y transparencia de los dictámenes. ¿Estará dispuesto el gobierno a aceptar una auditoría que no esté bajo su tutela?
Sin embargo, la información contenida en la orden de aprehensión contra el personal ferroviario —revelada por El País— sugiere un panorama más complejo. De acuerdo con ese documento, entre marzo y diciembre de 2025 se realizaron al menos 18 inspecciones técnicas que advertían un alto desgaste en las “cejas” de los rieles, es decir, la parte interna que guía las ruedas del tren.
Además, los vagones involucrados en el accidente fueron fabricados en la década de 1980, lo que plantea dudas razonables sobre su compatibilidad con una vía modernizada a medias.
Las periciales también señalan que el punto exacto del descarrilamiento coincide con un cambio abrupto entre durmientes de madera y de concreto. Académicos de la Universidad Iberoamericana explicaron recientemente que este tipo de transición requiere soluciones técnicas específicas, ya que implica pasar de una masa y rigidez a otra en muy pocos centímetros. Sin esas medidas, advirtieron, la vía queda “comprometida”.
A esto se suma un dato grave: ni el conductor ni el maquinista contaban con licencia de operación vigente. Reducir todo el accidente a una falla humana resulta, cuando menos, insuficiente. La operación temeraria pudo existir, pero ocurrió en un entorno de posibles fallas de infraestructura. Por eso, la pregunta central es por qué se permitió operar un tren en esas condiciones. Partidos de oposición y distintos actores han exigido una investigación independiente.
La presidenta Sheinbaum y Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, dieron a conocer que una empresa independiente llevará a cabo una evaluación de los hechos. El reto será que la evaluación se lleve a cabo en auténtica independencia y que no se contrate a una compañía que simplemente confirme la hipótesis gubernamental.
La investigación paralela de una figura como una comisión legislativa especial podría ayudar a la legitimidad y transparencia de los dictámenes. ¿Estará dispuesto el gobierno a aceptar una auditoría que no esté bajo su tutela?
