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Agencia Reforma
Un juez otorgó una suspensión definitiva que permite a José Alberto Abud Flores reasumir el cargo de rector de la Universidad Autónoma de Campeche, después de haber sido detenido y destituido tras un incidente ocurrido el 12 de enero de 2026.
Abud fue arrestado por presunta posesión de estupefacientes, tras una intervención policial en la que, según versiones oficiales, se le encontró droga en su camioneta. Horas después, el Consejo Universitario lo destituyó y designó a otra rectora, en medio de crecientes tensiones con el gobierno estatal.
Su defensa y sectores académicos han denunciado que la detención tuvo motivaciones políticas y que se plantó la droga en su vehículo. La razón sería la resistencia de Abud a plegarse a exigencias indebidas del gobierno de Campeche, encabezado por la gobernadora Layda Sansores. La comunidad de la institución calificó los hechos como una intromisión en la autonomía universitaria y una violación al debido proceso.
El fallo judicial que restituye a Abud convierte el caso en un símbolo de resistencia del Estado de derecho frente a presiones políticas. Muestra que al menos una parte del Poder Judicial no se ha plegado plenamente a la voluntad del Ejecutivo, en este caso del gobierno de Campeche. En un entorno político donde el control de instituciones públicas puede ser objeto de disputas de poder, la decisión del juez subraya la importancia de que los juzgadores actúen con independencia y con apego a la ley.
Este triunfo para Abud y para la autonomía universitaria no elimina los interrogantes sobre su detención ni su proceso legal, pero reafirma que las decisiones judiciales pueden ser un límite real ante tentativas de influencias indebidas. En un país donde la justicia y la política a menudo se entrecruzan, que un tribunal restituya a un rector cuestionado por el poder político es un recordatorio de la importancia de los contrapesos institucionales.
Abud fue arrestado por presunta posesión de estupefacientes, tras una intervención policial en la que, según versiones oficiales, se le encontró droga en su camioneta. Horas después, el Consejo Universitario lo destituyó y designó a otra rectora, en medio de crecientes tensiones con el gobierno estatal.
Su defensa y sectores académicos han denunciado que la detención tuvo motivaciones políticas y que se plantó la droga en su vehículo. La razón sería la resistencia de Abud a plegarse a exigencias indebidas del gobierno de Campeche, encabezado por la gobernadora Layda Sansores. La comunidad de la institución calificó los hechos como una intromisión en la autonomía universitaria y una violación al debido proceso.
El fallo judicial que restituye a Abud convierte el caso en un símbolo de resistencia del Estado de derecho frente a presiones políticas. Muestra que al menos una parte del Poder Judicial no se ha plegado plenamente a la voluntad del Ejecutivo, en este caso del gobierno de Campeche. En un entorno político donde el control de instituciones públicas puede ser objeto de disputas de poder, la decisión del juez subraya la importancia de que los juzgadores actúen con independencia y con apego a la ley.
Este triunfo para Abud y para la autonomía universitaria no elimina los interrogantes sobre su detención ni su proceso legal, pero reafirma que las decisiones judiciales pueden ser un límite real ante tentativas de influencias indebidas. En un país donde la justicia y la política a menudo se entrecruzan, que un tribunal restituya a un rector cuestionado por el poder político es un recordatorio de la importancia de los contrapesos institucionales.
