Agencia Reforma
El pasado 28 de enero de 2026, dos diputados locales de Movimiento Ciudadano —el presidente estatal del partido, Sergio Torres Félix, y Elizabeth Montoya Ojeda— fueron atacados a balazos en pleno centro de Culiacán, Sinaloa, minutos después de salir de una sesión legislativa. Ambos resultaron heridos, y un escolta también recibió impactos de bala en la agresión ocurrida sobre el Paseo Niños Héroes, conocida como el Malecón Viejo, a plena luz del día.
Este hecho es otra de las graves expresiones de la crisis de violencia y criminalidad que Sinaloa, que toca también a los círculos políticos. Desde hace más de un año, el estado, y sobre todo su capital, están sumidas en la violencia que deriva de pugnas internas del Cártel de Sinaloa entre facciones como “La Mayiza” y “Los Chapitos”, que han provocado miles de asesinatos y desapariciones.
¿Qué hace falta para que los gobiernos federal y estatal pongan en marcha una estrategia seria que termine con la espiral de violencia en la que vive esta entidad? En el caso de Michoacán, fue necesario el asesinato de un popular alcalde, Carlos Manzo, para que se desplegara el llamado Plan Michoacán, una estrategia que combinó mayor coordinación interinstitucional, presencia federal y acciones contra economías criminales. Sin resolver todavía el problema de fondo, el plan ha logrado reducir algunos indicadores de violencia en ciertas zonas y ha logrado la detención de figuras delictivas de alto impacto.
Sinaloa necesita un plan de seguridad propio, adaptado a su realidad local y la gravedad de sus dinámicas criminales de la entidad. ¿Bastará el atentado contra los diputados? ¿O pesa más el temor a la capacidad de reacción de los cárteles o, acaso, los supuestos acuerdos entre élites políticas y grupos criminales en el estado?
