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La aprehensión del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, ha generado una ola de reacciones que van más allá de un simple hecho policial. El lunes 12 de enero de 2026 fue detenido por agentes estatales, quienes, tras atender un supuesto reporte ciudadano, le atribuyeron la posesión simple de drogas en una camioneta oficial en la capital campechana. Abud Flores fue trasladado a la Fiscalía y luego al Cereso de Kobén, para ser liberado dos días después, el 14 de enero. Ahora, seguirá su proceso en libertad.
Oficialmente, el arresto se basó en el hallazgo de sustancias ilícitas durante una revisión vehicular. Sin embargo, quienes conocen el contexto advierten que esta historia no puede separarse de las tensiones políticas de fondo. La relación del rector con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, era tensa. En su programa “Martes del Jaguar”, la mandataria lo acusó repetidamente de irregularidades administrativas y de ser “aviador”.
Las acusaciones de persecución política se intensifican con las declaraciones del hijo del rector, Hamid Abud, quien denunció que el gobierno de Sansores ha ejercido hostigamiento político y acoso a su familia, e incluso responsabilizó al equipo de la gobernadora de plantar drogas y manipular a un Consejo Universitario para forzar la salida de su padre.
Todo apunta a que la gobernadora se siente cada vez más cómoda en recurrir a prácticas autoritarias. Para ello, la puerta que parece haber abierto el uso descarado de estas prácticas fue un fallo judicial en contra del medio Tribuna Campeche y su director general, Jorge González. Ahora, si quieren publicar algo sobre la gobernadora, deben enviar los contenidos a una especie de censor para su aprobación.
Estas tropelías pasan por encima de la libertad de las personas, al aprehenderlas, aparentemente, sin una razón suficientemente justificada. Y por el medio se lleva la libertad de prensa, la libertad de disidir políticamente y, ahora, la autonomía universitaria.
