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Agencia Reforma
Mañana, como cada 25 de noviembre, colectivos de mujeres saldrán a las calles en todo México y en el planeta para exigir el fin de la violencia de género. Se trata de una jornada mundial que, en nuestro país, adquiere una fuerza particular. Aquí asesinan a más de diez mujeres al día, aunque, en 2024, sólo se catalogaron 852 de estos crímenes como feminicidios, según ha documentado la Cepal.
Este año, la antesala de la movilización en la Ciudad de México ha estado marcada por una imagen elocuente: vallas metálicas reforzadas con cemento instaladas alrededor del Zócalo. La intención oficial es proteger edificios y monumentos, pero sirven también como una poderosa metáfora de la relación del movimiento en el poder con los movimientos feministas y sus colectivas.
El gobierno de López Obrador estuvo marcado por serias tensiones con estas movilizaciones sociales, sugiriendo que “alguien las mandaba” y las consideró sus “adversarias”. La presidenta Sheinbaum no ha emitido ese tipo de comentarios, pero tampoco ha estado cerca de estas y organizaciones.
A pesar de ello, sí ha tomado acciones relevantes en favor de los derechos de las mujeres, como la creación de la Secretaría de las Mujeres, la aprobación de reformas sobre igualdad salarial y contra la violencia de género. Estas acciones aún tienen un largo camino que recorrer para ofrecer resultados reales, pero es justo reconocer que los derechos de las mujeres están en la agenda gubernamental.
Lo que no está en la agenda gubernamental es el diálogo con las colectivas y organizaciones feministas, que han sido motores fundamentales para visibilizar la violencia y lograr avances en la materia.
La 4T no está acostumbrada a dialogar y construir con actores externos a su militancia y esa práctica permea también su relación con las organizaciones feministas. Sin embargo, construir puentes en lugar de vallas es indispensable para construir una política de género sensible, representativa y democrática.
