La semana pasada, el Congreso aprobó un nuevo paquete de aranceles a productos provenientes de países con los que México no tiene tratado de libre comercio. Los países más afectados por la medida son asiáticos y, muy especialmente, China.
Una vez aprobada la iniciativa presidencial, el encargado de defenderla en la conferencia mañanera del 15 de diciembre fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Argumentó que existen prácticas que colocan a las empresas mexicanas en desventaja y que, ante la falta de un “piso parejo”, el Estado debe intervenir para proteger a la industria nacional y sus empleos.
Es cierto que en algunos sectores llegan productos importados a precios bajos y que podrían estar por debajo del precio de referencia, como argumenta Ebrard. Para sustentarlo, se tendría que presentar evidencia producto por producto de que los bajos precios son artificiales y que resultan de la práctica desleal de dumping o de subsidios en sus países de origen o del incumplimiento de reglas laborales y ambientales, por ejemplo.
Aun concediendo que haya malas prácticas, la cuestión es si los aranceles son una herramienta conveniente para la economía y la productividad en México para corregir esa distorsión.
Imponer aranceles es una solución rápida y visible y que puede alegrar a Donald Trump, quien ha presionado para torpedear la entrada de productos chinos a Norteamérica. Sin embargo, la medida también puede acarrear consecuencias, como la subida de precios, con lo que se afecta a consumidores y a empresas que dependen de insumos importados. También abre la puerta a represalias comerciales de los países a cuyos productos se impuso aranceles. Además, estas tarifas no siempre atacan el fondo del problema: la práctica anticompetitiva en sí.
Hay otros mecanismos a los que México podría recurrir, como investigaciones antidumping, aplicar cuotas compensatorias, fortalecer la vigilancia aduanera para evitar subvaluaciones o usar los canales legales de la Organización Mundial del Comercio.
A nivel interno, se puede impulsar políticas de financiamiento, innovación, capacitación y mejora regulatoria para que las empresas mexicanas compitan mejor sin necesidad de muros arancelarios.
Si de verdad se busca un “piso parejo”, la solución debería ser más técnica y menos política.