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Agencia Reforma
Los recientes ataques de Estados Unidos contra supuestas “narcolanchas” en aguas internacionales marcan un punto de inflexión peligroso. Hasta ahora, los ataques se han dirigido contra 14 embarcaciones, supuestamente provenientes de Venezuela y algunas de Colombia, y en ellos han muerto 57 personas.
Washington justifica estas acciones como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero la legalidad de estas acciones ha sido severamente cuestionada, pues ningún país tiene jurisdicción en aguas internacionales para atacar embarcaciones y asesinar a sus tripulantes bajo la sospecha de que trasladen droga. Estas operaciones, en los hechos, implican ejecuciones extrajudiciales.
Hasta ahora, no se ha confirmado que entre las víctimas haya mexicanos. Pero no es descartable la posibilidad de que en el futuro una embarcación proveniente de México —o tripulada por ciudadanos mexicanos— sea blanco de estos ataques es real. ¿Qué hará el gobierno mexicano si uno de sus ciudadanos pierde la vida en una operación así? ¿Podrá simplemente aceptar la versión estadounidense de que se trataba de “sospechosos de narcotráfico”?
El riesgo no es sólo humanitario, sino diplomático. Estados Unidos está ampliando su zona de acción militar en el continente, y México no parece tener una posición clara frente a ello. Esta semana, el canciller y el secretario de Marina se reunieron con el embajador estadounidense para discutir el tema, pero no se ha informado sobre el contenido de esa conversación.
Es inquietante que se normalicen los ataques de Estados Unidos a embarcaciones y asesinatos de sus tripulantes por simples sospechas o caprichos. ¿Pueden estas acciones abrir la puerta a una escalada de intervenciones militares en la región? México requiere estrategia de defensa y de soberanía ante estos hechos.
