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El Centro de Investigación y Docencia Económicas (el CIDE) vive otra crisis institucional. José Antonio Romero Tellaeche, su director general, presentó una demanda por “daño moral” contra la académica Catherine Andrews. Este acto se da en un delicado contexto de degradación de la vida académica e institucional de uno de los más prestigiosos centros de estudio de México después de que Romero fuera impuesto en la dirección. La maniobra fue orquestada el sexenio pasado desde el Conahcyt encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, violando procesos y estatutos.
La demanda que Romero presentó hace unos días argumenta que sufrió daño moral después de que Andrews denunciara los plagios en los que incurrió el director del CIDE en trabajos académicos. Dichas faltas han sido probadas y confirmadas por el Comité de Ética de la institución, sin ninguna repercusión para el plagiario.
Ahora, agrupaciones de investigadores y alumnos de la institución alzan la voz para denunciar el acoso laboral y la violencia de género que Romero ejerce sobre Catherine Andrews.
Desde 2021, con la llegada irregular de Romero Tellaeche a la dirección, el CIDE ha sufrido fuertes embates que dañan su funcionamiento interno, su renombre y su capacidad para contribuir a la vida nacional.
La salida de Álvarez-Buylla del Conahcyt y la llegada de Rosaura Ruiz hace un año a la ahora Secretaría de Ciencia deberían ser oportunidades para proteger a una de las instituciones académicas más prestigiosas del país. Este nuevo acto autoritario debería ser el disparo de salida para tomar cartas en el asunto.
