DESTACADO
Agencia Reforma
El escándalo del “Cártel Inmobiliario” fue un esquema de corrupción en el que funcionarios y desarrolladores intercambiaron permisos irregulares, modificaciones de uso de suelo y favores administrativos a cambio de dinero o departamentos. El resultado fue construcciones irregulares, enriquecimiento ilícito y un daño urbano difícil de reparar.
Este entramado de corrupción salió a la luz pública en 2021 con una explosión en uno de los inmuebles en cuestión. Desde entonces, inició un recorrido judicial que ha incluido la condena de Nicias René Aridjis, ex director de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez, sentenciado a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito, junto con el decomiso de inmuebles de su propiedad. Por su parte, Luis Vizcaíno, ex director jurídico de la alcaldía, fue condenado a 4 años de prisión domiciliaria y se le exigió la devolución de seis inmuebles, valuados en su conjunto en alrededor de 50 millones de pesos.
Las investigaciones también tocaron al exalcalde la Benito Juárez Christian von Roehrich, aunque no hay una sentencia en su contra. Actualmente está en prisión preventiva oficiosa, después de haber estado prófugo y ser finalmente capturado en 2023 tratando de cruzar la frontera hacia Estados Unidos de manera irregular.
A pesar de los avances, el caso del Cártel Inmobiliario está lejos de cerrarse. La mayoría de las investigaciones siguen abiertas y aún no se ha determinado la responsabilidad total de todos los implicados. Aún se desconoce si otras figuras políticas de peso estuvieron involucradas. Desde la 4T, se ha señalado la posible participación de Santiago Taboada Cortina, ex alcalde de Benito Juárez y candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024 y Jorge Romero, presidente nacional del PAN.
El proceso se ha centrado sobre todo en los funcionarios, pero aún no ha habido sentencias relevantes en contra de los desarrolladores inmobiliarios que fueron los beneficiarios directos de este esquema criminal.
Además, está por determinarse el daño urbano y patrimonial para los vecinos afectados, quienes habitan edificios inseguros, incertidumbre sobre su patrimonio y disputas legales interminables.
Más allá del desahogo de los procesos judiciales, este caso debería servir como un referente emblemático para insistir en la importancia de construir un ecosistema político y administrativo blindado de corrupción, con procesos transparentes y con garantías de prevención y sanción de faltas como las que edificaron este esquema fraudulento.
