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En México, la libertad de expresión atraviesa un momento delicado. Bajo el disfraz de la justicia y la protección de derechos, el poder político se ha montado en una ola en la que se usa cada vez más al poder judicial como un instrumento para acallar voces incómodas. El caso de “Dato Protegido” es uno de los ejemplos más recientes de esta tendencia.
Karla María Estrella, una ciudadana común, fue sancionada por un tuit en el que cuestionaba cómo una diputada obtuvo su candidatura. En la publicación, sugería que Diana Karina Barreras había obtenido su curul gracias a su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, actual Presidente de la Cámara de Diputados. El Tribunal Electoral ordenó que ofreciera disculpas públicas durante 30 días, pagara una multa y fuera inscrita en el registro de personas sancionadas por violencia política de género.
Otros casos incluyen el del periodista Héctor de Mauleón, censurado por una columna donde vinculaba a una candidata judicial con actos de corrupción basados en filtraciones de Guacamaya Leaks. El Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó eliminar el texto y prohibió nuevas publicaciones, a pesar de tratarse de información de interés público.
Y en un caso aún más llamativo, la actriz y conductora Laisha Wilkins fue demandada por responder con un “Jaja Dora la censuradora jaaja” a un tuit sobre una candidata a ministra de la Suprema Corte. Wilkins publicó el comentario en una nota de Aristegui Noticias en la que se señalaba a Dora Martínez Valero por intentar censurar investigaciones de Televisa Leaks.
La estrategia que personas en el poder usan cada vez más es la de apoyarse en derechos como la equidad de género o el derecho al honor para limitar el derecho a informar y opinar. En estos casos, puede tergiversarse auténticos derechos de la ciudadanía y de luchas históricas, como el feminismo, para usarlos a conveniencia e imponer censura.
