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Agencia Reforma
El lunes 8 de diciembre de 2025 la Fiscalía General de la República anunció la detención de César Duarte, gobernador priista de Chihuahua entre 2010 y 2016, por su probable participación en un esquema de lavado de dinero.
El exgobernador ya había sido arrestado en 2020 en Miami, Estados Unidos, y extraditado a México en 2022 para enfrentar cargos de peculado y asociación delictuosa ante autoridades locales. Pero tras una solicitud de la FGR, Washington autorizó a principios de diciembre procesarlo por un delito distinto, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta autorización era necesaria, puesto que el acuerdo de extradición entre los dos países establece que la persona extraditada sólo podrá ser juzgada por el delito por el que se solicitó el traslado.
Según la acusación federal, Duarte habría desviado fondos públicos de Chihuahua entre 2011 y 2014, introduciendo esos recursos al sistema financiero para darles apariencia de legalidad. La orden de aprehensión data de mayo de 2024, aunque sólo pudo ejecutarse hasta obtener la anuencia del gobierno estadounidense para ser perseguido por otro delito que el que dio origen a la orden de extradición.
Su detención tiene una carga simbólica significativa. Representa un golpe directo a uno de los personajes más emblemáticos de la corrupción del PRI, especialmente del peñanietismo. La detención ayuda a confirmar los abusos en los que incurrió el Revolucionario Institucional, con lo que la 4T confirma las denuncias que la ayudaron a encumbrarse en el poder.
Es comprensible que un partido aproveche estas oportunidades para desmarcarse de adversarios políticos. Sin embargo, surge el cuestionamiento inevitable sobre la persecución de los corruptos del propio movimiento. Hay candidatos claros que no han sido tocados por la justicia, como Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex y presunto operador de un fraude que ronda los 15 mil millones, o Pío López Obrador, hermano de AMLO, cuyos videos recibiendo dinero ilegal para campañas han circulado ampliamente. A ellos se suman Adán Augusto López, a quien se ha señalado por, supuestamente, estar al tanto de las actividades ilegales de su secretario de seguridad o el tráfico de influencias de Alejandro Gertz, quien usó a la FGR para perseguir a enemigos personales. Tampoco se han aclarado los sobreprecios ligados a la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
La lista continúa. Se esperaría que la diligencia del Estado para perseguir el crimen no se desplegara sólo cuando se trate de opositores, sino por igual para todos los criminales y presuntos delincuentes.
