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La política mexicana se calienta con la iniciativa de adelantar la Consulta para la Revocación del Mandato. Aunque la propuesta suena atractiva, genera intensos debates debido a sus implicaciones logísticas y constitucionales.
Los promotores de la iniciativa señalan cuatro propósitos clave:
1. Aumentar la participación ciudadana, buscando que la consulta se realice junto con la elección intermedia de 2027.
2. Ahorrar recursos, estimando una reducción de gastos de hasta 5 mil millones de pesos.
3. Disminuir la fatiga electoral, evitando que los electores acudan a votar en junio de 2027 y nuevamente en febrero de 2028.
4. Mejorar el control y la transparencia de los procesos políticos.
Pese a los supuestos beneficios económicos, existen serios cuestionamientos. En primer lugar, la consulta es un derecho, no una obligación. Para llevarse a cabo, requiere de la recolección de firmas del 3% del listado nominal electoral (aproximadamente 3 millones de personas), distribuidas en al menos 17 entidades. Si no se logra juntar el número necesario de rúbricas, la consulta sencillamente no se realiza, ahorrando los recursos y evitando la extenuación del electorado de forma natural.
El principal desafío operativo es la ya muy compleja elección de 2027. En esa jornada se eligen 500 diputados, 17 gubernaturas, 30 legislaturas locales, más de 1,700 ayuntamientos y poco más de 800 personas impartidoras de justicia. Agregar la revocación del mandato resultaría en un abanico de boletas que complicaría tanto el conteo como la comprensión general del proceso por parte de la ciudadanía.
La modificación propuesta también altera drásticamente los plazos para recabar las firmas. Actualmente, la recolección inicia tres meses después del tercer año de gobierno (octubre-diciembre), pero la iniciativa plantea adelantarla a un mes antes del segundo año, iniciando en septiembre de 2026.
Este cambio permite una suerte de "ante precampaña" y extiende el periodo de solicitud hasta finales de año. Se estima que la duración de la campaña para la revocación podría alargarse hasta nueve meses. Esta extensión crea una sinergia política. Los coordinadores —que serán los futuros candidatos a los gobiernos— buscarían impulsar a la Presidenta, y esta a su vez podría arrastrar al partido (Morena).
Sin embargo, el factor más crítico es la contradicción constitucional. El Artículo 35, que rige la revocación, choca con el Artículo 134, el cual prohíbe a los gobiernos federales hacer propaganda que revista un carácter personalizado, influir en la elección o descuidar la equidad. Esta limitación constitucional pondría en jaque la manera en que la mandataria podría hacer campaña.
En suma, el movimiento busca, por un lado, asegurar la posición de la actual Mandataria, impulsar las posibilidades del partido Morena y tomar ventaja sobre la oposición.
