Agencia Reforma
El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, priva al agro michoacano de una de sus voces más firmes contra la extorsión. Fue privado de la libertad el domingo 19 de octubre y su cuerpo fue encontrado en una camioneta con signos de tortura en la carretera Apatzingán–Presa del Rosario.
Bravo fue uno de los pocos que se atrevió a denunciar abiertamente la situación de violencia en la que viven los productores de limón en la región. Levantó la voz en numerosas ocasiones para acusar que la banda criminal Los Viagras, aliada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, extorsiona a este sector. Impone cuotas por kilo producido y ha establecido control sobre el comercio del cítrico.
Hace dos años, cobraban un peso por cada kilo producido y, en 2024, lo subieron a 2. Ahora están cobrando 4 pesos por kilo. No hay que perder de vista que, anualmente, se producen alrededor de 800 mil toneladas de esta fruta en la región, por lo que las ganancias para los criminales son enormes.
El asesinato de este líder agricultor es la punta del iceberg debajo de la cual está el dominio que ejerce el crimen organizado en esta región. El poder del crimen organizado es tal que puede arrebatar la vida de quienes deciden denunciarlo; controlar la economía, asfixiando a los agricultores con su impuesto criminal, y coartar la libertad de tránsito de la población mediante su control de vías y carreteras. Si eso no es una autoridad paralela, se le parece mucho.
