Agencia Reforma
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución histórica sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años que en 2007 fue víctima de violencia sexual y agredida por miembros del Ejército mexicano, y murió sin recibir atención médica oportuna. La CIDH determinó que México es responsable por la violación de sus derechos a la vida, integridad personal, salud y acceso a la justicia, y ordenó al Estado investigar, sancionar a los responsables y adoptar medidas para garantizar la no repetición de estos hechos.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano acepta la resolución, que reconoce fallas graves del Estado en proteger a Ernestina y en investigar adecuadamente lo ocurrido. También señaló que se cumplirán las acciones ordenadas, que incluyen atención médica y psicológica para la familia y un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
La sentencia de la Corte Interamericana es un recordatorio contundente de la importancia de implementar políticas y mecanismos que garanticen los derechos humanos, especialmente en un país que enfrenta altos niveles de violencia y una fuerte presencia de fuerzas armadas en labores de seguridad pública. El fallo pone de manifiesto la necesidad de que el Estado mexicano no sólo responda con frases oficiales, sino con acciones sistemáticas que eviten la repetición de violaciones graves como la de Ascencio.
Este caso también evidencia los riesgos de otorgar poder casi sin límites a las fuerzas armadas. Durante los gobiernos de la 4T, se ha fortalecido su presencia, recursos y atribuciones en seguridad y otras áreas. Esto se traduce en una mayor concentración de poder y eleva el costo de llamarlos a cuentas si sus elementos incurren en abusos. Además, se ha debilitado el armado institucional con el que contaba México para prevenir, investigar y sancionar estos hechos. Esto se ilustra con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la cooptación por parte de la 4T de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El fallo de la CIDH no es solo una sentencia; es una alerta y una oportunidad para construir un sistema de justicia que garantice los derechos de todos y todas.
