Inhabilitaciones, incumplimientos y denuncias a funcionarios, la opaca historia de Grupo Casanova

Las sanciones impuestas por la propia autoridad pública anticorrupción no frenaron la expansión de los negocios de este consorcio. A la fecha, hay expedientes de contratos por más de 5 mil millones de pesos desde el sexenio de AMLO.

Casanova Rent Volks y Casanova Vallejo, compañías que pertenecen al mismo grupo empresarial, firmaron al menos 262 contratos con instituciones públicas por 5 mil 187 millones de pesos desde el inicio del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador a la fecha.

Esto de acuerdo con expedientes disponibles en la plataforma ComprasMX consultados por envozmx.

Aún cuando este consorcio fue sancionado en dos ocasiones por la Secretaría de la Función Pública (hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), su evolución en los negocios con la administración pública no se detuvo.   

En el contexto actual, Casanova Rent Volks denunció a Arturo Serrano Meneses quien hasta hace unas semanas tenía el cargo de contralor de la Fiscalía General de la República. 

El desencuentro ocurre a pesar de que esa institución fue la que más recursos le otorgó en dos convenios en 2019 y 2020 que sumaron mil 638 millones de pesos en conjunto. 

El 15 de septiembre de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación que Casanova Vallejo se hizo acreedor a una sanción por la entonces SFP derivado de contrataciones firmadas con el ISSSTE.

Entre 2019 y 2022, el ISSSTE ya le había otorgado 12 contratos mediante adjudicación directa por mil 008 millones 738 mil pesos, por servicios de transporte y arrendamiento de ambulancias. 

El castigo, se lee en el documento, fue la inhabilitación por 45 meses en los que las entidades públicas federales, estatales y municipales no podrían aceptar propuestas o celebrar contratos con la arrendadora.

Dos meses después de publicada la sanción, en noviembre de 2022, la compañía obtuvo una suspensión definitiva que desactivó la inhabilitación. 

 Imagen: Sanción impuesta por la SFP publicada en el Diario Oficial de la Federación.

No obstante, aún con los antecedentes, el 15 de febrero de 2023, sólo cinco meses después, el ISSSTE volvió a adjudicar un contrato de manera directa con Casanova Vallejo por 12.3 millones de pesos para el mismo servicio de arrendamiento de ambulancias. 

El 24 de noviembre de ese mismo año, Casanova Vallejo volvió a la lista negra de la SFP, ya que esa fecha se publicó en el DOF una nueva inhabilitación ahora por 30 meses contra la arrendadora por el expediente 023/2023, de nueva cuenta por irregularidades en las contrataciones firmadas con el ISSSTE.

 

Imagen: Inhabilitación a Casanova Vallejo en noviembre de 2023. 

La Auditoría Superior de la Federación también ha emitido señalamientos por irregularidades en la ejecución de convenios por parte de las empresas del Grupo Casanova. 

En el sexenio de AMLO, Casanova Vallejo obtuvo el contrato CSS/019/2020 con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para brindar el servicio a las tiendas de la institución de “arrendamiento (de vehículos) sin opción a compra”. 

El convenio fue plurianual, que tuvo inicio en abril de 2020 hasta febrero de 2023 por un monto de hasta 271 millones 057 mil pesos.

Para su revisión de la cuenta pública 2022, la ASF señaló que Segalmex desembolsó 94.3 millones de pesos en 11 pagos por los servicios prestados por la compañía ese año. 

Sin embargo, el organismo también documentó que la dependencia no acreditó la ubicación y resguardo de cinco vehículos, aún cuando pagó un importe de 2.7 millones de pesos para resguardarlos. 

La Auditoría acudió con la compañía para requerir información legal y administrativa y documentación que demostrara la prestación del servicio a Segalmex en agosto de 2023. 

Pero, la compañía no entregó evidencia documental que acreditara las instrucciones por parte de la institución pública para ejecutar el convenio, por lo que inició un procedimiento para la imposición de una multa. 

También en su revisión a la cuenta pública 2022, la ASF analizó los pormenores del convenio FGR/AD/CN /SERV/008- 4/2020 entre Casanova Rent Volks y la Fiscalía General de la República, que en 2022 generó un importe pagado a la empresa de 277.4 millones de pesos. 

En el ejercicio de los recursos de ese año encontró inconsistencias como que en una factura fechada en febrero de 2022 se consideró el cobro de 109 vehículos por 1.5 millones de pesos los cuales no se encontraron en la base de datos del personal encargado de administrar el contrato. 

“Toda vez que en la conciliación de unidades vehiculares que sustentaron el pago no se detalla el número de serie de dichas unidades y solo contiene los totales por tipo de vehículo, no permitió que se identificaran los vehículos cobrados”, agregó la ASF.

Por esa razón, la empresa recibió una penalización por los 1.5 millones de pesos relacionados con esos 109 vehículos que no se encontraron en el sistema de la FGR. 

 

Imagen: Informe de la auditoría 105 de la cuenta pública 2022.

Fuente: ASF.  

Además el organismo mencionó que “19 vehículos, de los cuales se proporcionaron los oficios de solicitud de continuidad de diciembre de 2021, se registraron en el parque vehicular arrendado, entre 1 y 2 meses posteriores a enero de 2022”.

Y que dentro del Sistema de Administración Vehicular de la dirección de Transportes de la FGR se registraron 10 unidades que no coincidieron con el número de serie y en 189 unidades no coincidió la clasificación (tipo de vehículo). 

Las empresas de Grupo Casanova se convirtieron en las firmas favoritas para el arrendamiento de vehículos por varias instituciones públicas que otorgaron cientos de millones de pesos en convenios en el sexenio de AMLO y en lo que va del actual, que administra la presidenta Claudia Sheinbaum. 

La institución que más dinero adjudicó a este grupo fue la FGR, contratos plurianuales desde 2020 hasta 2024 con 1,638.3 millones de pesos. 

Le sigue el ISSSTE con 1,021 millones distribuidos en 13 contratos. Y en tercer lugar se encuentra la Secretaría del Bienestar con 630.9 millones.

Después siguen el IMSS con 330.8 y Segalmex con 271 millones. 

En Segalmex se fraguó uno de los escándalos de corrupción más grandes del sexenio anterior por un desfalco que superó los 15 mil millones de pesos.

  

Imagen: Relación de montos otorgados en contratos. 

Fuente: ComprasMX