La magistrada Janine Otálora Malassis anunció que terminará sus funciones el próximo 31 de octubre en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pese a que la reforma judicial permitía prolongar su mandato hasta el 2027. Su decisión de no extenderse deja al tribunal sin una de las únicas dos voces independientes que no se plegaban con disciplina a la voluntad de la 4T.
Su nombramiento original tuvo lugar en 2016, por nueve años, y la reforma reciente ofrecía la posibilidad de dos años adicionales. Pero Otálora optó por concluir ahora:
“El día de hoy notifiqué al Senado mi decisión de acogerme a los términos de mi nombramiento como magistrada de Sala Superior del Tribunal Electoral, acorde con la protesta que rendí en 2016 por un periodo de nueve años”, afirmó en su cuenta de X.
El sentido de su salida va más allá del calendario. En los últimos años, Otálora se distinguió por ejercer la disidencia desde el pleno, en ocasiones sola o con su colega Reyes Rodríguez Mondragón, frente a una mayoría que reflejaba los intereses del partido en el poder. Entre otras cosas, cuestionó si la elección por voto popular permitiría sanear el Poder Judicial y denunció la falta de preparación del nuevo modelo electoral.
En incontables ocasiones votó en contra de irregularidades y arbitrariedades. Entre sus votos más sonados de los últimos tiempos está haber rechazado la sobrerrepresentación ilegal que dio en 2024 una sobrerrepresentación en el Congreso a Morena y aliados que no se sustentaba en los resultados que obtuvieron y las normas vigentes de asignación de curules.
Con su salida, el Tribunal Electoral pierde una voz independiente que sistemáticamente defendió la legalidad, la equidad electoral y la autonomía institucional. La Sala Superior queda con seis de siete magistrados, por lo que tendrá que resolver el nuevo nombramiento. Que a nadie sorprenda que se trate de un acólito más del régimen.