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Agencia Reforma
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a manos de un adolescente de 17 años —adicto a metanfetamina y presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación—, evidencia una de las dimensiones más alarmantes de la violencia en México: el creciente papel de los jóvenes en el crimen organizado.
El caso del abogado David Cohen, asesinado en la Ciudad de México el pasado septiembre, también expuso esta realidad. Su atacante, un joven de 18 años reclutado por una célula delictiva, fue contratado para matarlo a cambio de cincuenta mil pesos.
Estos casos han sido especialmente mediáticos, pero desafortunadamente, son parte de una tendencia. El reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales ha crecido debido a factores como pobreza, marginación, falta de oportunidades y entornos violentos, según han constatado diversos estudios. Los jóvenes son vistos como “material moldeable”, más fáciles de manipular y menos vigilados. A esto se suma el atractivo para los grupos criminales de que los menores de edad enfrentan menores penas y tienen beneficios judiciales.
Las detenciones de adolescentes en México por el delito de narcomenudeo han experimentado un aumento drástico en los últimos años. Según datos recabados por El Universal, entre 2022 y 2023, el número de detenciones subió de 1,143 a 1,230, pero el incremento se disparó en 2024, registrando un aumento del 88% al pasar de 1,230 a 2,310 adolescentes detenidos. En 2025, la tendencia continúa al alza: tan solo en los primeros siete meses del año, la cifra alcanzó los 2,920 jóvenes detenidos por este mismo delito.
El gobierno de México cuenta con algunas políticas que buscan hacer frente a la captación de los jóvenes por parte de grupos criminales. Hay becas, campañas de comunicación y un Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Es indispensable hacer una revisión profunda de la estrategia, pues parece que los criminales les están ganando la carrera.
