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La reciente resolución del INE para sancionar a las candidaturas que aparecieron en los llamados “acordeones” durante la elección judicial trae consigo una paradoja inquietante: el nuevo poder encargado de hacer cumplir la ley, nació violándola.
Los “acordeones” fueron los papeles entregados a votantes con listas de nombres por los que se pedía ejercer el voto. Las papeletas fueron efectivas, puesto que la enorme mayoría de los candidatos en ellas mencionados salieron victoriosos en las elecciones. En el caso de la Suprema Corte, todos sus futuros integrantes figuraron en los famosos acordeones.
El INE concluyó que su uso representó una ventaja indebida y sancionó a 121 personas electas. Entre ellas, las nueve que se convertirán en ministros y ministras de la Suprema Corte. Las multas más elevadas fueron para Loretta Ortiz Ahlf, con 127 mil pesos; Yasmín Esquivel, con 95 mil; Sara Irene Herrerías, con 69 mil; y María Estela Ríos, con 62 mil. La más baja fue la de Irving Espinosa Betanzo, con 79 mil 198 pesos.
Estas cifras son irrisorias frente al impacto de alterar la equidad de una elección que definirá quién interpretará la Constitución en los próximos años. Aparentemente, violar la ley para acceder a un cargo público tiene un precio que se expresa en pesos mexicanos, no en la cancelación del proceso electoral o en la revocación del triunfo. El INE determinó que jugar sucio para convertirse en ministro de la Suprema Corte se resuelve con un mínimo de 79 mil pesos y un máximo de 127 mil.
El INE aprobó esta sanción con una votación dividida y ahora la pelota está en la cancha del Tribunal Electoral, que podría, incluso, revocar las sanciones del INE. No debería sorprender cuando lo haga, pues en tiempos recientes se ha caracterizado por sus fallos en favor de los intereses de Morena y el oficialismo.
El nuevo poder judicial comienza su mandato constituyéndose con prácticas cuestionables. Con este inicio, ¿cómo garantizará que el Estado de derecho prevalezca?
