Política Nacional de Inclusión Financiera: oportunidad para reducir desigualdades

Esta semana, el gobierno presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, un plan ambicioso que busca que más personas y empresas en México tengan acceso efectivo a servicios financieros formales. La coordinación de la política está a cargo del Consejo Nacional de Inclusión Financiera y distintas instituciones forman parte de la misma, como la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Sus pilares incluyen promover el ahorro formal, facilitar el acceso al crédito —especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas—, impulsar los pagos digitales en lugar del efectivo y expandir la oferta de seguros y otros servicios financieros. Además, por primera vez incorpora un eje transversal de igualdad de género y atención especial a poblaciones vulnerables —comunidades rurales, pueblos indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad. 

Este esfuerzo es relevante, en primer lugar, porque muchas familias y negocios todavía funcionan al margen del sistema financiero formal, lo que les impide acceder a créditos, ahorrar de forma segura o contratar seguros ante eventualidades. Segundo, porque la informalidad limita el crecimiento económico y la estabilidad financiera de buena parte del país. Tercero, porque digitalizar y formalizar la economía puede fomentar la transparencia, reducir la dependencia del efectivo y abrir oportunidades de inversión o emprendimiento. 

Uno de los principales retos para avanzar en la inclusión financiera es que una parte importante de la población sigue desconfiando del sistema financiero. Muchos aún prefieren el dinero en efectivo o no sienten seguridad en usar cuentas, pagos digitales o créditos. Lograr que los productos se usen de forma habitual requiere educación financiera, infraestructura accesible (especialmente en zonas rurales) y promover confianza. La política reconoce esta barrera e incluye mecanismos de protección al usuario, transparencia en información y mejor regulación para entidades financieras. 

La política de inclusión financiera para los siguientes cinco años representa una oportunidad para ampliar el bienestar económico, apoyar a MiPymes y reducir desigualdades históricas.