La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, un aumento real de 5.9 % respecto a 2025. Sin embargo, dentro de ese paquete se aprobó una reasignación con respecto a la propuesta original. De esta manera, se recortaron 17 mil 788 millones de pesos que afectan a instituciones clave, todas con autonomía legal.
El mayor golpe recayó sobre el Poder Judicial de la Federación, con una reducción de 15 mil 805 millones de pesos. También se recortaron mil millones al Instituto Nacional Electoral, 933 millones a la Fiscalía General de la República y 50 millones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Estos recortes son una señal preocupante: instituciones autónomas con responsabilidades de la más alta importancia están siendo debilitadas mientras el Ejecutivo ensancha su presupuesto. Para el Poder Judicial, que recién arranca una nueva era tras la elección judicial y su diseño de jueces por voto popular, la doble dificultad es clara: poca experiencia en muchas plazas y ahora menos recursos. Los mismos diputados que aprobaron la reforma judicial son los que recortan su financiamiento.
La cruzada de la 4T para concentrar el poder no sólo se sustenta en modificaciones legales y declaraciones populistas para dañar a otros poderes del Estado. Este proceso también tiene lugar en el debilitamiento administrativo. Instituciones y poderes autónomos con recursos escasos reducen sus capacidades de vigilar a otros poderes.