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Por Arturo Madrigal
En fechas recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaparó reflectores por el alcance de sus resoluciones, los choques que se han dado entre sus integrantes así como por las polémicas en las que se ha envuelto.
Este jueves 22 de enero, se anunció la compra de nueve camionetas Jeep Cherokee, una para cada ministro, cuyo precio está entre un millón 70 mil y un millón 777 mil pesos, sin considerar posibles adecuaciones como blindaje.
De acuerdo con el máximo tribunal, la compra de los vehículos fue motivada por razones de seguridad, debido a que los vehículos sustituidos son modelos 2019 y 2020 y por lo tanto ya no cumplían los estándares adecuados para seguir operando.
Sin embargo, la polémica no se hizo esperar. Usuarios de redes sociales cuestionaron la adquisición señalando que contradice el discurso de austeridad enarbolado por la Corte.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la compra y detalló que la operación se dio tras el cambio de un contrato de renta por la compra de las unidades, un proceso en el que, afirmó, se ahorraron más de mil millones de pesos.
Finalmente, este domingo 25 de enero, la Suprema Corte informó la decisión de los ministros de no utilizar los vehículos y de solicitar que se inicie el proceso de su devolución o ponerlos a disposición de jueces que enfrentan mayores riesgos.
Asimismo, este lunes 19 de enero, el máximo tribunal garantizó el principio de cosa juzgada al resolver por unanimidad, bajo un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que no procede interponer recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las antiguas Salas de la Corte.
Con esta resolución, se ordenó desechar el recurso de revisión promovido por agentes de la Fiscalía General de la República contra una sentencia de amparo directo en la que la extinta Primera Sala de la Corte concedió un amparo liso y llano y ordenó la libertad inmediata de Juana Hilda González, quien pasó 19 años en prisión de una condena de 78 años por el secuestro de Hugo Alberto Wallace.
Sin embargo, en la discusión, los desacuerdos se presentaron por la inclusión del párrafo 52 en el proyecto de la ministra Batres, que establecía que la resolución “no prejuzga sobre el criterio que la nueva integración de esta SCJN pudiera adoptar en torno a la figura de la cosa juzgada fraudulenta”.
Siete ministros solicitaron eliminar el párrafo al considerar que no era necesario para resolver el caso concreto y porque incorporaba un tema distinto al que se discutía, lo que podía ser la antesala de interpretaciones posteriores y un debate pendiente, pero la ministra Batres se negó a modificar su proyecto, argumentando que había que dejar constancia de que el tema permanece abierto y deberá resolverse en otro momento.
Al final, el proyecto se aprobó dejando constancia de que siete ministros pidieron eliminar ese párrafo.
¿Qué otros temas ha abordado la nueva Corte?
Desde que asumió sus funciones el 1 de septiembre de 2025, la primera Corte electa por el voto popular ha causado revuelo por sus discusiones y resoluciones.
El 25 de septiembre, el máximo tribunal revocó dos amparos en contra de la reforma de mayo del 2023 a la Ley Minera impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un debate en el que los ministros reconocieron la rectoría del Estado sobre recursos y actividades estratégicas del país.
Un mes después, el 30 de octubre, los ministros avalaron la reforma de 2020 impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que puso un tope a las comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) por el manejo de las cuentas individuales de los trabajadores.
El 6 de noviembre, el poder judicial rechazó revisar el amparo que frenó la Ley de la Industria Eléctrica de López Obrador, argumentando que esto vulneraría principios constitucionales de seguridad jurídica y cosa juzgada, lo que abriría la puerta a impugnar los procesos de votación en todos los asuntos de la Corte.
Asimismo, el 18 de noviembre, la Corte rechazó declarar inconstitucional la reforma de 2020 a un artículo de Ley General de Víctimas, con la que se eliminó el porcentaje mínimo de recursos para víctimas derivadas del delito o violaciones graves a derechos humanos.
Comenzando el 2026, el 12 de enero, el máximo tribunal validó, por unanimidad de votos, la extinción de 109 fondos y fideicomisos ordenada en noviembre de 2020 por el ex presidente López Obrador.
En fechas recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaparó reflectores por el alcance de sus resoluciones, los choques que se han dado entre sus integrantes así como por las polémicas en las que se ha envuelto.
Este jueves 22 de enero, se anunció la compra de nueve camionetas Jeep Cherokee, una para cada ministro, cuyo precio está entre un millón 70 mil y un millón 777 mil pesos, sin considerar posibles adecuaciones como blindaje.
De acuerdo con el máximo tribunal, la compra de los vehículos fue motivada por razones de seguridad, debido a que los vehículos sustituidos son modelos 2019 y 2020 y por lo tanto ya no cumplían los estándares adecuados para seguir operando.
Sin embargo, la polémica no se hizo esperar. Usuarios de redes sociales cuestionaron la adquisición señalando que contradice el discurso de austeridad enarbolado por la Corte.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la compra y detalló que la operación se dio tras el cambio de un contrato de renta por la compra de las unidades, un proceso en el que, afirmó, se ahorraron más de mil millones de pesos.
Finalmente, este domingo 25 de enero, la Suprema Corte informó la decisión de los ministros de no utilizar los vehículos y de solicitar que se inicie el proceso de su devolución o ponerlos a disposición de jueces que enfrentan mayores riesgos.
Asimismo, este lunes 19 de enero, el máximo tribunal garantizó el principio de cosa juzgada al resolver por unanimidad, bajo un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que no procede interponer recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las antiguas Salas de la Corte.
Con esta resolución, se ordenó desechar el recurso de revisión promovido por agentes de la Fiscalía General de la República contra una sentencia de amparo directo en la que la extinta Primera Sala de la Corte concedió un amparo liso y llano y ordenó la libertad inmediata de Juana Hilda González, quien pasó 19 años en prisión de una condena de 78 años por el secuestro de Hugo Alberto Wallace.
Sin embargo, en la discusión, los desacuerdos se presentaron por la inclusión del párrafo 52 en el proyecto de la ministra Batres, que establecía que la resolución “no prejuzga sobre el criterio que la nueva integración de esta SCJN pudiera adoptar en torno a la figura de la cosa juzgada fraudulenta”.
Siete ministros solicitaron eliminar el párrafo al considerar que no era necesario para resolver el caso concreto y porque incorporaba un tema distinto al que se discutía, lo que podía ser la antesala de interpretaciones posteriores y un debate pendiente, pero la ministra Batres se negó a modificar su proyecto, argumentando que había que dejar constancia de que el tema permanece abierto y deberá resolverse en otro momento.
Al final, el proyecto se aprobó dejando constancia de que siete ministros pidieron eliminar ese párrafo.
¿Qué otros temas ha abordado la nueva Corte?
Desde que asumió sus funciones el 1 de septiembre de 2025, la primera Corte electa por el voto popular ha causado revuelo por sus discusiones y resoluciones.
El 25 de septiembre, el máximo tribunal revocó dos amparos en contra de la reforma de mayo del 2023 a la Ley Minera impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un debate en el que los ministros reconocieron la rectoría del Estado sobre recursos y actividades estratégicas del país.
Un mes después, el 30 de octubre, los ministros avalaron la reforma de 2020 impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que puso un tope a las comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) por el manejo de las cuentas individuales de los trabajadores.
El 6 de noviembre, el poder judicial rechazó revisar el amparo que frenó la Ley de la Industria Eléctrica de López Obrador, argumentando que esto vulneraría principios constitucionales de seguridad jurídica y cosa juzgada, lo que abriría la puerta a impugnar los procesos de votación en todos los asuntos de la Corte.
Asimismo, el 18 de noviembre, la Corte rechazó declarar inconstitucional la reforma de 2020 a un artículo de Ley General de Víctimas, con la que se eliminó el porcentaje mínimo de recursos para víctimas derivadas del delito o violaciones graves a derechos humanos.
Comenzando el 2026, el 12 de enero, el máximo tribunal validó, por unanimidad de votos, la extinción de 109 fondos y fideicomisos ordenada en noviembre de 2020 por el ex presidente López Obrador.
