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Agencia Reforma
La propuesta del gobierno federal para reformar la Ley de Aguas Nacionales ha generado tensiones con agricultores. El elemento de la reforma que causa mayor rechazo entre productores del campo es que prohibiría que las concesiones de agua se transmitan entre particulares: ya no se podrán vender, heredar o traspasar sin que vuelvan al Estado para su reasignación.
El objetivo gubernamental es frenar el mercado ilegal del agua, poner al Estado como rector exclusivo del recurso y garantizar el derecho humano al agua sobre el interés privado. Esta intención, en teoría, resulta positiva, pues controlaría que el agua no sea monopolizada ni especulada y que su asignación responda a criterios del beneficio común.
Sin embargo, el sector agrícola advierte que el diseño de esta reforma afecta el núcleo de sus actividades, pues argumentan que, sin los derechos de agua, sus tierras pierden su valor productivo. Adicionalmente, se arguye que los cambios dejarían vulnerables a pequeños y medianos productores, pues se exigen obras, infraestructura de riego moderno y cumplimiento de nuevas reglas que no todos pueden sufragar.
Las movilizaciones y marchas convocadas en varios estados para hoy 24 de noviembre reflejan la preocupación. Sin certeza del agua, se pone en riesgo el valor de la tierra, la capacidad productiva y la estabilidad de familias agrícolas.
La conveniencia de la reforma dependerá de que logre terminar con abusos en el acaparamiento de aguas y no se impongan los intereses de los grandes concesionarios. Pero también requerirá apoyo técnico, financiamiento para infraestructura hidráulica y plazos realistas para pequeños y medianos productores.
Este balance no será sencillo de lograr, pues el campo ya es un terreno explosivo para el gobierno federal con demandas que no sólo tienen que ver con la reforma de aguas, sino con seguridad, extorsiones y precios justos para sus productos.
