El Gobierno federal anunció este lunes el aumento al salario mínimo para 2026. Habrá un incremento de 13%, que lo llevará de 278.08 a 315.04 pesos diarios. En la zona libre de la frontera norte, aumentará 5%, pasando de 419.88 a 440.87 pesos diarios. Con este ajuste, se completa la séptima alza consecutiva desde 2019, cuando comenzó el sexenio de López Obrador.
La presidenta destacó que, gracias a estos incrementos, el poder adquisitivo se ha recuperado notablemente. A partir del 1 de enero de 2026, habrá recuperado 154% de su poder adquisitivo, en comparación con 2018.
Se trata, sin duda, de una buena noticia para millones de trabajadores que durante décadas vieron su ingreso deteriorarse frente a la inflación. La evolución al alza del salario mínimo se ha traducido en beneficios tangibles. Sin ir más lejos, ésta es la razón que explica la disminución de la pobreza en el país. Dos terceras partes de esta reducción se deben a la política de salario mínimo y el resto a los programas sociales, según reveló recientemente un informe de la Cepal.
Este avance también exige matices. El impacto sobre las MiPyMes no puede ignorarse. Constituyen más de 90% de las empresas del país y son las principales empleadoras. Concanaco-Servytur ya advirtió que muchos pequeños negocios operan con márgenes muy reducidos y podrían enfrentar dificultades para absorber el incremento sin apoyo adicional.
Si el salario mínimo sigue creciendo sin una estrategia paralela para fortalecer a las MiPymes, fomentar su productividad y reducir sus costos operativos, el riesgo es que algunas no resistan la presión. Sería contradictorio avanzar en justicia salarial mientras se debilita al sector que más empleos genera y cuyos propietarios, en muchas ocasiones, tienen ingresos similares a los de sus empleados.
Para que la política de salario mínimo sea sostenible, debe acompañarse de una agenda seria de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.