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Agencia Reforma
En recientes días, cientos de transportistas de carga han salido a manifestarse en varios puntos del país exigiendo lo más elemental: seguridad en las carreteras. Denuncian robos constantes —en 2025 se estima que hubo hasta un asalto cada 47 minutos—, extorsiones y secuestros de operadores. Sus protestas se han traducido en bloqueos de carreteras en todo el país, cierres de accesos a Ciudad de México y tomas de casetas.
La convocatoria principal fue para el 24 de noviembre, pero ayer continuaron las manifestaciones con varias carreteras cerradas o con paso parcial, especialmente en autopistas del centro-occidente y Bajío. Las autoridades reportaron al menos 29 bloqueos en total, 17 de ellos en vías federales.
La respuesta del gobierno ante esta protesta ha sido problemática. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que “no hay razones para cerrar carreteras”, sugirió que algunos de los líderes transportistas enfrentan carpetas de investigación abiertas y desacreditó la autenticidad de las exigencias, insinuando que sus demandas tendrían “intereses políticos” detrás.
Ese tono no es nuevo. Este gobierno ha reaccionado de forma similar frente a otras protestas, como las de la generación Z y las de agricultores. Esta estrategia busca deslegitimar las protestas sociales al intentar presentarlas como política partidista y con intenciones de desestabilizar al gobierno, negando las causas reales.
La Secretaría de Gobernación y la Presidencia han manifestado que las protestas no tienen razón de ser, puesto que hay mesas de diálogo. Una mesa de diálogo, sin embargo, no soluciona el problema de la inseguridad en las carreteras. ¿Se están enredando en Palacio Nacional y Bucareli con un grupo que ya demostró que, literalmente, puede paralizar la comunicación del país?
